La Fiscalía Europea, señala a anticorrupción que debe iniciar una instrucción para averiguar el pago triple por parte del gobierno regional socialista
En Infosureste Digital nos hacemos eco de la noticia publicada por El Cierre Digital, que ha accedido en exclusiva a la resolución de Anticorrupción que remite a la Fiscalía de Canarias la denuncia contra el presidente del ejecutivo canario, el socialista Ángel Víctor Torres, por presuntos delitos de malversación y cohecho al aprobar la compra de 48.000 test PCR SARS-CoV-2 por el triple del precio estipulado. La Fiscalía Europea remito el informe al observar un presunto delito en este contrato de emergencia otorgado por el Gobierno canario por 720.000 euros a una empresa de alimentos.
La Fiscalía Europea, finalmente, ha obligado a la Fiscalía en España a que investigue la denuncia contra el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), por presuntos delitos de malversación, administración desleal, cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, y tráfico de influencias, en relación al contrato de emergencia aprobado por el ejecutivo canario en 2021, para adquirir 48.000 test genéticos SARS-CoV2 con un coste total de 720.000 euros, un precio que triplica la tarifa oficial de los laboratorios Bioxamina, expendedores de estos Kits PCR, con sede en Polonia.
Ante esta presión internacional, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España ha resuelto a través de un decreto emitido el pasado 8 de febrero –documento al que ha accedido en exclusiva ElCierreDigital.com–, dar traslado a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias. Así lo ha manifestado oficialmente el teniente fiscal Anticorrupción tras el informe final de este caso por parte de la Fiscalía Europea
Por su parte, el presidente Torres "no contempla dar explicaciones sobre este supuesto sobrecoste contra las arcas públicas", según informan fuentes socialistas consultadas por elcierredigital.com.
A pesar de tener pendiente esta investigación judicial sobre sus espaladas, días atrás en un Congreso Insular del PSOE celebrado en Lanzarote, el propio Torres calificó la situación del Partido Popular de "muy grave", exigiendo a los populares "explicaciones con luz y taquígrafos del buen uso de los recursos públicos". Según él, "porque estamos ante un supuesto caso de corrupción".
Unas declaraciones hechas en relación con la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso.
Silencio de la Justicia española
Esta es la historia de esta denuncia. Fernando Vizcaíno Carles, portavoz de ReVelión en la Granja, interpuso esta denuncia el pasado 24 de septiembre de 2021 contra el presidente canario Ángel Víctor Torres, el director del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez Trujillo, y contra Óscar Díez, Jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife. Todos por presuntos delitos de malversación, administración desleal, cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, y tráfico de influencias, ante los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria.
Consultado Fernando Vizcaíno Carles por ElCierreDigital.com, asegura que "no ha obtenido ninguna respuesta hasta la fecha por parte de los juzgados canarios", aunque se felicita por haber acudido también a la Fiscalía Europea, órgano judicial que sí "observó indicios de delito" e impulsó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de España.
La denuncia advierte que el ejecutivo regional canario, con el visto bueno del Parlamento de Canarias, aprobó en un contrato de emergencia con un presupuesto muy superior al del laboratorio Bioxamina.
El Gobierno canario sufragó con fondos públicos un coste de 15 euros por cada test PCR, mientras la empresa mantiene en sus tarifas el precio de 5,40 euros por unidad. La adjudicación directa supuso un gasto total de 720.000 euros, gasto que se habría reducido a 259.000 euros si se hubieran aplicado las tarifas oficiales del laboratorio.
Al parecer, el Gobierno de Canarias se habría gastado en la adquisición 461.000 euros más de sobrecoste, según la denuncia interpuesta. "Una cifra muy superior a la que la misma empresa habría presupuestado en otras ocasiones, ocasionando un perjuicio patrimonial a las arcas públicas", argumenta la denuncia interpuesta por Vizcaíno.
Adjudicación a una empresa de alimentos
La adjudicación de emergencia de los Kits PCR, recayó en la empresa TOUT ESPAGNOL IMPORT-EXPORT, S.L. Según el Registro Mercantil consultado por ElCierreDigital.com, esta empresa, con sede en Málaga, está inscrita bajo la actividad de "comercio al por mayor de pescados y otros productos alimenticios", cuyo objeto social radica en "importación y exportación de productos alimenticios tanto frescos como congelados, así como de materiales de construcción y maquinaria industrial y agrícola".
