Cataluña tramita una Ley para pagar un alquiler social a Okupas
El Gobierno catalán sigue mostrando su apoyo a la okupación ilegal de inmuebles. La semana pasada, la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Cataluña votó las enmiendas de la Ley Antidesahucios que prepara la Generalitat. En concreto, esta norma cuenta con el apoyo de ERC, JxCat, la CUP, En Comú Podem y el PSOE de Cataluña. Ahora, el trámite continúa en el Parlamento y se prevé que esta ley, que obliga a proporcionar un alquiler social a los okupas, se apruebe en un mes aproximadamente.
En este sentido, Toni Miranda, presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación (ONAO), ha explicado: «consideramos que esta ley para dar alquiler social a los okupas es un paso más en la dirección de apoyar la okupación, un premio para quienes usurpan las viviendas de otros y a los delincuentes».
Esta ley obligará a la renovación automática de los alquileres sociales de las viviendas de los grandes tenedores cuando éstos lleguen a su fin. Asimismo, contempla alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en casos de extinción de contrato. Esta imposición tendrá que cumplirse durante cinco años si el gran tenedor es persona física; siete años, si es persona jurídica; y doce años si se trata de un banco o un fondo de inversión. Así, un okupa que sea considerado vulnerable estará protegido y tendrá derecho a un alquiler social.
Por otro lado, la normativa impulsada por la izquierda catalana pretende que las solicitudes de desahucios caigan. Por ello, proponen a los grandes tenedores – sólo a los no vinculados a bancos y fondos de inversión- pedir a la Generalitat que les alquile la vivienda donde vive la familia en riesgo de desahucio a precio de protección oficial. En concreto, los inquilinos se quedarán en el inmueble del arrendador con un alquiler social del que se hará cargo la Administración.
Al respecto, Miranda asegura que muchas viviendas que están destinadas a personas vulnerables y con bajas rentas «han sido okupas y esta ley da prioridad a los delincuentes, que se quedan con las viviendas de los que están en lista de espera. Es una injusticia».
Además, la ley incluye el control de ofertas de alquiler social, la ampliación a siete años de la cesión obligatoria de viviendas vacías de los bancos y fondos de inversión. De igual modo, la normativa también amplía la definición de gran tenedor: personas jurídicas con más de 10 viviendas y 15 para las personas físicas.
Por su parte, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleve al Tribunal Constitucional la ley catalana antidesahucios aprobada este miércoles por el Parlament. Esta norma -que cuenta con el apoyo de ERC, JxCat, la CUP, En Comú Podem y el PSC- obliga a los propietarios a dar alquiler social a los okupas.
La asociación considera que con esta aprobación se continúa con el amparo de la Administración Pública a la okupación de inmuebles, lo que convierte a España en el único país en la Unión Europea que protege esta actividad delictiva. «Esto genera un efecto llamada a la okupación ilegal, un fenómeno delictivo especialmente acuciante en Cataluña, donde se registran más del 50% de los casos totales de 2021. Cada día en España se registran más de 40 casos de ocupación al día», aseguran desde Asval.
Asimismo, la patronal asegura que esta ley atenta «contra el derecho de propiedad privada», al establecer, en la práctica, una expropiación de viviendas por parte de las Administraciones Públicas. De igual forma, la asociación considera que «se establece una clara discriminación legal de propietarios en función del número de viviendas. Esto supone una arbitrariedad legislativa contraria a la Constitución Española».
¿Qué contempla la ley?
Esta ley obligará a la renovación automática de los alquileres sociales de las viviendas de los grandes tenedores cuando éstos lleguen a su fin. Además, contempla alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en casos de extinción de contrato. Esta imposición tendrá que cumplirse durante cinco años si el gran tenedor es persona física; siete años, si es persona jurídica; y doce años si se trata de un banco o un fondo de inversión. Así, un okupa que sea considerado vulnerable estará protegido y tendrá derecho a un alquiler social.
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