Las 56 viviendas de El Toril, serán rehabilitadas

El Ayuntamiento de Ingenio ha iniciado el proceso para rehabilitar 56 viviendas sociales en el barrio de El Toril, con una inversión de 1.276.630 euros para intervenir en tres bloques, la mayor parte de titularidad privada, con una antigüedad cercana a los 50 años. 

Dos de los tres edificios se dividen en cinco portales cada uno, mientras que el tercero de ellos, situado más al sur, se divide en cuatro. Cada portal dispone de dos plantas de altura que dan acceso a dos viviendas.

Para esta actuación, ha sacado a licitación la redacción del anteproyecto así como la del proyecto de ejecución, el estudio de seguridad y salud, y la dirección de las obras por un importe de 85.542 euros y estipula un plazo de dos meses para el anteproyecto y otros dos para el proyecto de ejecución.

Las obras, que tienen un plazo de ejecución de tres años, se harán con una aportación del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria de 1.076.630,37 euros otorgada en 2023, mientras que el Ayuntamiento de Ingenio suma otros 200.000 euros.

Múltiples deficiencias

Aunque no todas las patologías detectadas tienen la misma incidencia en el conjunto de los edificios, en general se localizan deficiencias en fachadas, falta de estanqueidad de las cubiertas, pérdidas de las instalaciones de saneamiento y fontanería, carpinterías deficitarias, portales en estado de abandono, daños por humedades por capilaridad, deterioro en forjados sanitarios y de cubierta, así como instalaciones eléctricas obsoletas, que carecen incluso de líneas de tierra. El objetivo de la intervención consiste en dar solución a estos problemas que, en su mayor parte, afectan a elementos comunes de las edificaciones, de manera que se alcancen condiciones aceptables de seguridad y salubridad.

En resumen, se realizará la reforma básica de instalación eléctrica del interior de viviendas para garantizar la adaptación a reglamentos y normativas, así como la de los espacios comunes. A ello se une el soterrado de cables e instalaciones en las fachadas, atendiendo especialmente al cableado de baja tensión y redes de telecomunicaciones. Se incluirán los trabajos complementarios de obra civil y urbanización, así como gestiones oportunas con compañías suministradoras de servicios.

La intervención incluye la instalación solar fotovoltaica en zonas comunes de cada bloque de viviendas, la renovación de la instalación de fontanería en zonas comunes, así como armarios y baterías de contadores.

La alcaldesa, Vanesa Martín aseguró que «desde el grupo de gobierno seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso para mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. Sabemos que la vivienda es un derecho esencial y, dentro de nuestras competencias, estamos haciendo todo lo posible por protegerlo, tanto buscando suelo disponible como actuando sobre el parque residencial existente».

Por su parte, el concejal de Vivienda  Martin M. García, ha considerado en su perfil de Facebook  que esta "es una buena noticia informar de la licitación de la redacción de los proyectos técnicos y la dirección de obra para la reforma de las viviendas del Toril, una demanda histórica de nuestros vecinos y vecinas que por fin empieza a hacerse realidad". 

¡ Y tan histórica que acompañamos la foto de su construcción en los años 70 del siglo pasado!

Martin M. García destacaba que "con esta actuación, apostamos por mejorar la calidad de vida, la accesibilidad y la eficiencia energética de estas viviendas, en el marco de nuestro compromiso con una vivienda digna y sostenible para todos y todas". "Seguimos trabajando por un Ingenio más justo, habitable y con futuro."

Titularidad privada: Las preguntas frecuentes de los vecinos/as

¿Cómo es posible que se invierta más de 1 millón de euros en viviendas donde "la mayoría" son ya de titularidad privada?. Buena pregunta. 

Las VPO pueden ser públicas o privadas si fueron con derecho a compra o en régimen de alquiler, las promociona y financia las instituciones públicas. 

Hasta hoy, en Canarias a partir de 30 años una VPO pasa a ser descalificada y hasta ese momento, no se puede vender, ni alquilar. Una vez pasan los 30 años, pasan a titularidad privada. Esta medida ya han anunciado la actual Ministrade la Vivienda, Isabel Rodríguez, que será modificada, para que la VPO mantenga su protección y no pueda venderse ·hay que blindar el parque público para siempre". 

¿Cómo es posible que familias de primer grado de consanguinidad: padres e hijos, sean adjudicatarios indistintamente de diferentes viviendas públicas? Eso ocurre en Ingenio. 

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FEPECO advierte que la política de vivienda del Gobierno de Canarias está abocada al fracaso

La Federación Provincial de Entidades  de la Construcción (FEPECO), advierte que la política de vivienda del Gobierno de Canarias está abocada al fracaso, si no se implementan soluciones rápidas para agilizar una burocracia que impide la obtención de licencias en tiempo y forma y una eficaz gestión de suelo.

 Óscar Izquierdo, Presidente de FEPECO ha resaltado que "no se construyen las viviendas necesarias, porque no se diligencian las licencias de obras mayores en el tiempo establecido normativamente, incumpliendo los plazos, sin que nadie asuma responsabilidades políticas, profesionales o personales. 

El plazo para resolver y notificar la solicitud de licencias urbanísticas es de tres meses contados desde la presentación de la solicitud en cualquiera de los registros municipales y en la mayoría de los casos se están superando de manera escandalosa, estando actualmente en nuestra Comunidad Autónoma, en una media de más de un año de tardanza desesperante. 

Izquierdo, avisa que la realidad es tozuda y que por mucha legislación buena y oportuna que se apruebe o ruedas de prensa anunciando planes ambiciosos para hacer frente a la falta de vivienda en Canarias, tanto privada, social, de protección oficial y sobre todo, en alquiler asequible,  a día de hoy es imposible, porque se encuentra delante con un muro infranqueable, que es una Administración Pública incapaz, material y humanamente, de asumir el reto de acabar con la emergencia habitacional, lastrando la creación de empleo y una actividad económica normalizada. La falta de agilidad en los trámites de licencias está asfixiando a las empresas, llevándolas a un punto de no retorno, haciendo difícil una política social digna cómo es la creación de empleo y poniendo en peligro inversiones que crearían mucha riqueza social.  

Hay demoras y atascos en algunos ayuntamientos que superan los tres años de espera, lo que supone un incumplimiento flagrante y vergonzoso de la Ley, debido a problemas estructurales como  el planeamiento vigente, que en la mayoría de los municipios no está actualizado o adaptado a la Ley del Suelo, la escasez o nula presencia de personal especializado en las oficinas técnicas municipales o gerencias de urbanismo, la tardanza de los informes sectoriales, que llegan a pasar de doce meses, además de una imprescindible simplificación de las sedes electrónicas,  de manera que sean ayudadoras para el ciudadano y también para el tejido empresarial, dando así seguridad jurídica. 

Incluso, los ayuntamientos se están haciendo daño a sí mismos, porque sin licencias no se puede construir y si no se construye, no se pagan los impuestos correspondientes, lo que perjudica gravemente a las arcas municipales.

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Las infracciones urbanísticas de Vargas tendrán sanciones de hasta 350.000 euros.

 La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) ha comunicado un total de 85 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística en Vargas, tras la primera de las actuaciones de inspección realizadas a instancias del Ayuntamiento de Agüimes. Entre las infracciones detectadas figuran la segregación irregular de parcelas de uso agrario, la construcción de estructuras, edificaciones e instalaciones no autorizadas y la apertura de nuevos caminos y vías de comunicación.

 

El área afectada por estas infracciones urbanísticas alcanza unos 450.000 metros cuadrados de superficie, en las que se asientan dos parcelas de uso agrario que han sido ilegalmente parceladas y construidas, aprovechando que se encontraban bajo los invernaderos que antiguamente albergaban explotaciones agrícolas.

 En los expedientes incoados, que afectan tanto a los arrendatarios como a los propietarios de las parcelas, se recuerda el uso exclusivamente agrario de este suelo, se exige a los infractores que devuelvan las parcelas a su estado original y se les advierte de las graves consecuencias de los actos realizados, con sanciones económicas que pueden alcanzar los 350.000 euros y la posibilidad de tener que afrontar responsabilidades penales.

 

Durante la visita de inspección realizada el pasado mes de febrero, que ha dado lugar a estos expedientes, los funcionarios de la Agencia estuvieron acompañados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, así como por agentes de la Policía Local de Agüimes. También contaron con la colaboración de la Unidad de Intervención con Dron de la Policía Local de Telde, gracias a cuya intervención se pudo comprobar la existencia en la zona de numerosas viviendas, algunas de las cuales cuentan incluso con instalaciones complementarias, como piscinas.

 

Las inspecciones de la ACPMN se seguirán produciendo a lo largo de los próximos meses y se extenderán a otras zonas del municipio de Agüimes, como Los Corralillos, en donde se podrían estar cometiendo infracciones similares a las detectadas en Vargas. El objetivo de estas acciones de inspección es el restablecimiento del ordenamiento urbanístico, paisajístico y medioambiental que, de un tiempo a esta parte, se ha visto alterado en algunas zonas del municipio por culpa de las actuaciones ilegales, incívicas e insolidarias de unos pocos. El Ayuntamiento de Agüimes reitera que, en defensa del interés general del municipio, aplicará tolerancia cero frente a este tipo de infracciones.

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