Las 56 viviendas de El Toril, serán rehabilitadas

El Ayuntamiento de Ingenio ha iniciado el proceso para rehabilitar 56 viviendas sociales en el barrio de El Toril, con una inversión de 1.276.630 euros para intervenir en tres bloques, la mayor parte de titularidad privada, con una antigüedad cercana a los 50 años. 

Dos de los tres edificios se dividen en cinco portales cada uno, mientras que el tercero de ellos, situado más al sur, se divide en cuatro. Cada portal dispone de dos plantas de altura que dan acceso a dos viviendas.

Para esta actuación, ha sacado a licitación la redacción del anteproyecto así como la del proyecto de ejecución, el estudio de seguridad y salud, y la dirección de las obras por un importe de 85.542 euros y estipula un plazo de dos meses para el anteproyecto y otros dos para el proyecto de ejecución.

Las obras, que tienen un plazo de ejecución de tres años, se harán con una aportación del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria de 1.076.630,37 euros otorgada en 2023, mientras que el Ayuntamiento de Ingenio suma otros 200.000 euros.

Múltiples deficiencias

Aunque no todas las patologías detectadas tienen la misma incidencia en el conjunto de los edificios, en general se localizan deficiencias en fachadas, falta de estanqueidad de las cubiertas, pérdidas de las instalaciones de saneamiento y fontanería, carpinterías deficitarias, portales en estado de abandono, daños por humedades por capilaridad, deterioro en forjados sanitarios y de cubierta, así como instalaciones eléctricas obsoletas, que carecen incluso de líneas de tierra. El objetivo de la intervención consiste en dar solución a estos problemas que, en su mayor parte, afectan a elementos comunes de las edificaciones, de manera que se alcancen condiciones aceptables de seguridad y salubridad.

En resumen, se realizará la reforma básica de instalación eléctrica del interior de viviendas para garantizar la adaptación a reglamentos y normativas, así como la de los espacios comunes. A ello se une el soterrado de cables e instalaciones en las fachadas, atendiendo especialmente al cableado de baja tensión y redes de telecomunicaciones. Se incluirán los trabajos complementarios de obra civil y urbanización, así como gestiones oportunas con compañías suministradoras de servicios.

La intervención incluye la instalación solar fotovoltaica en zonas comunes de cada bloque de viviendas, la renovación de la instalación de fontanería en zonas comunes, así como armarios y baterías de contadores.

La alcaldesa, Vanesa Martín aseguró que «desde el grupo de gobierno seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso para mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. Sabemos que la vivienda es un derecho esencial y, dentro de nuestras competencias, estamos haciendo todo lo posible por protegerlo, tanto buscando suelo disponible como actuando sobre el parque residencial existente».

Por su parte, el concejal de Vivienda  Martin M. García, ha considerado en su perfil de Facebook  que esta "es una buena noticia informar de la licitación de la redacción de los proyectos técnicos y la dirección de obra para la reforma de las viviendas del Toril, una demanda histórica de nuestros vecinos y vecinas que por fin empieza a hacerse realidad". 

¡ Y tan histórica que acompañamos la foto de su construcción en los años 70 del siglo pasado!

Martin M. García destacaba que "con esta actuación, apostamos por mejorar la calidad de vida, la accesibilidad y la eficiencia energética de estas viviendas, en el marco de nuestro compromiso con una vivienda digna y sostenible para todos y todas". "Seguimos trabajando por un Ingenio más justo, habitable y con futuro."

Titularidad privada: Las preguntas frecuentes de los vecinos/as

¿Cómo es posible que se invierta más de 1 millón de euros en viviendas donde "la mayoría" son ya de titularidad privada?. Buena pregunta. 

Las VPO pueden ser públicas o privadas si fueron con derecho a compra o en régimen de alquiler, las promociona y financia las instituciones públicas. 

Hasta hoy, en Canarias a partir de 30 años una VPO pasa a ser descalificada y hasta ese momento, no se puede vender, ni alquilar. Una vez pasan los 30 años, pasan a titularidad privada. Esta medida ya han anunciado la actual Ministrade la Vivienda, Isabel Rodríguez, que será modificada, para que la VPO mantenga su protección y no pueda venderse ·hay que blindar el parque público para siempre". 

¿Cómo es posible que familias de primer grado de consanguinidad: padres e hijos, sean adjudicatarios indistintamente de diferentes viviendas públicas? Eso ocurre en Ingenio. 

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Tres "pelobrócolis" detenidos al ocupar una casa cuando el inquilino estaba hospitalizado

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo a tres "pelobrócolis" que habían forzado la entrada de una vivienda en el Paseo de Chil cuyo inquilino se encontraba hospitalizado, según las fuentes policiales consultadas por este periódico.

Poco después de la medianoche de este martes, los propietarios de una vivienda unifamiliar llamaron a la Policía Local para denunciar que su propiedad, una casa terrera de pequeñas dimensiones, había sido allanada.

Los agentes se encontraron con los dueños y otro vecino en una calle próxima. Allí, el vecino les explicó que cuando pasaba por delante de la casa, le extrañó ver luz en el interior y que la puerta estuviera abierta ya que el inquilino habitual, que se encontraba hospitalizado, solía cerrarla con un candado.

Cuando se puso a mirar, las personas que estaban en el interior de la vivienda cerraron rápidamente la puerta, pero como el cerrojo estaba fuera, no pudo encajar bien.

Al resultarle extraña esta situación, el testigo llamó por teléfono a los propietarios, quienes se personaron en la zona y contactaron con la Policía Local. A los agentes contaron que tenían un contrato con el inquilino para que pudiera habitar parte del inmueble y, de paso, cuidarlo, ya que no se trata de su vivienda habitual.

Sin embargo, el arrendatario se encontraba desde el viernes hospitalizado, por lo que la vivienda llevaba días sin uso.

Acto seguido, los agentes de la Policía Local se dirigieron a la vivienda y solicitaron a los okupas que salieran. Del interior de la casa aparecieron tres individuos que, en principio, y debido a que eran "pelobrócolis", alegaron no entendieron lo que se les decía.

Sin embargo, al final, reconocieron que habían forzado la entrada a la vivienda por la parte trasera del inmueble y que su intención era quedarse allí.

Por este motivo, los agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvieron a los tres individuos por la supuesta comisión de un delito de allanamiento de morada, tal y como confirmó el Cuerpo Nacional de Policía.

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Encuentran gatos muertos en un refugio animalista de Las Palmas de GC

 

La vicepresidenta de una asociación animalista enfrenta denuncias tras revelarse el alarmante estado en el que mantenía a más de 20 felinos en su vivienda

Tras el desahucio de la vicepresidenta de una asociación animalista del barrio de San Lorenzo en Las Palmas de Gran Canaria, salió a la luz una situación de extremo maltrato animal que ha conmocionado a la comunidad. En su vivienda encontraron más de 20 gatos en condiciones deplorables, junto a cadáveres de animales en descomposición, excrementos y una infestación masiva de cucarachas, según ha informado Leales.org.

La propietaria del inmueble, reveló que el estado del lugar era tan crítico que tuvo que contratar a un servicio especializado en plagas para limpiar la vivienda. “Fue necesario el uso de tres camiones para retirar alrededor de 30 bolsas de basura y objetos deteriorados”, declaró.

La situación fue descrita como "dantesca" por los trabajadores que participaron en la limpieza, quienes señalaron nunca haber enfrentado una escena similar. Además, vecinos del área reportaron que la ex inquilina arrojaba habitualmente bolsas con restos de animales a los contenedores de basura.

Denuncias por maltrato y uso indebido de donaciones

El caso ahora está bajo investigación judicial. Las autoridades han ordenado necropsias a los cadáveres encontrados en la vivienda, mientras la ex vicepresidenta enfrenta denuncias por maltrato animal y presunta estafa, ya que se cuestiona el destino de las donaciones que recibía la asociación.

Las asociaciones Jack & friends y 7 días por 7 vidas han intervenido para rescatar a los felinos sobrevivientes. Los gatos, algunos de ellos con nombres como Vida, Fresa y Nika, mostraban signos de deshidratación, desnutrición y problemas dermatológicos cuya factura asciende a 1.500 euros para su tratamiento.

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FEPECO advierte que la política de vivienda del Gobierno de Canarias está abocada al fracaso

La Federación Provincial de Entidades  de la Construcción (FEPECO), advierte que la política de vivienda del Gobierno de Canarias está abocada al fracaso, si no se implementan soluciones rápidas para agilizar una burocracia que impide la obtención de licencias en tiempo y forma y una eficaz gestión de suelo.

 Óscar Izquierdo, Presidente de FEPECO ha resaltado que "no se construyen las viviendas necesarias, porque no se diligencian las licencias de obras mayores en el tiempo establecido normativamente, incumpliendo los plazos, sin que nadie asuma responsabilidades políticas, profesionales o personales. 

El plazo para resolver y notificar la solicitud de licencias urbanísticas es de tres meses contados desde la presentación de la solicitud en cualquiera de los registros municipales y en la mayoría de los casos se están superando de manera escandalosa, estando actualmente en nuestra Comunidad Autónoma, en una media de más de un año de tardanza desesperante. 

Izquierdo, avisa que la realidad es tozuda y que por mucha legislación buena y oportuna que se apruebe o ruedas de prensa anunciando planes ambiciosos para hacer frente a la falta de vivienda en Canarias, tanto privada, social, de protección oficial y sobre todo, en alquiler asequible,  a día de hoy es imposible, porque se encuentra delante con un muro infranqueable, que es una Administración Pública incapaz, material y humanamente, de asumir el reto de acabar con la emergencia habitacional, lastrando la creación de empleo y una actividad económica normalizada. La falta de agilidad en los trámites de licencias está asfixiando a las empresas, llevándolas a un punto de no retorno, haciendo difícil una política social digna cómo es la creación de empleo y poniendo en peligro inversiones que crearían mucha riqueza social.  

Hay demoras y atascos en algunos ayuntamientos que superan los tres años de espera, lo que supone un incumplimiento flagrante y vergonzoso de la Ley, debido a problemas estructurales como  el planeamiento vigente, que en la mayoría de los municipios no está actualizado o adaptado a la Ley del Suelo, la escasez o nula presencia de personal especializado en las oficinas técnicas municipales o gerencias de urbanismo, la tardanza de los informes sectoriales, que llegan a pasar de doce meses, además de una imprescindible simplificación de las sedes electrónicas,  de manera que sean ayudadoras para el ciudadano y también para el tejido empresarial, dando así seguridad jurídica. 

Incluso, los ayuntamientos se están haciendo daño a sí mismos, porque sin licencias no se puede construir y si no se construye, no se pagan los impuestos correspondientes, lo que perjudica gravemente a las arcas municipales.

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Este es el sueldo mínimo para vivir dignamente en Gran Canaria

Aunque el costo de vida en Las Palmas de Gran Canaria es el tercero más barato de España y de Europa Occidental, generalmente los canarios no tienen salarios que compensen lo que cobran con lo que gastan.

A nadie se le advirtió en la bonita juventud e infancia lo difícil que iba a estar el panorama en Canarias para lograr la ansiada emancipación. En aquellos bonitos años parecía un cuento perfecto: elegir carrera, conseguir trabajo y luego la casa y el coche. Un sueño americano a la española que nada tiene que ver con la realidad, mucho menos en los territorios cada vez más tensionados y amenazados diariamente por la masificación, las viviendas vacacionales, el turismo desregulado, una cesta de la compra cada vez más cara y unos sueldos más que precarios como sucede en las ocho maravillas del Atlántico.

El paraíso canario hace tiempo que dejó de ser el paraíso y se ha tornado en los comicios de una horrible pesadilla. En 2023 el salario medio del conjunto de España perdió poder adquisitivo por segundo año consecutivo, unos 610 euros menos al año. Con este panorama la duda está sembrada, ¿qué salario deberían tener los canarios para poder vivir dignamente en Gran Canaria? 

Esto es lo que cuesta vivir en Gran Canaria 

Hagamos un salto geográfico a una de las zonas más caras de la Isla, su capital, Las Palmas de Gran Canaria. Alquilar un piso amueblado de unos 85 metros cuadrados ronda los 1.043 euros —empezamos fuerte—, por supuesto, no incluye ni agua, ni luz, ni mucho menos internet. 

El agua y la luz rondan los 83 euros en un piso de esas características con un consumo normal para dos personas y el internet 33 euros mensuales aprox.. Pero vamos a bajar un poco los estándares. Un piso de 45 metros cuadrados cuesta unos 550 euros de alquiler. 

Añadiendo la comida, el transporte público y otros gastos básicos, una persona sin ningún tipo de lujo se gasta en un piso pequeño 1.471 euros mensuales. 

¿Cuál es el sueldo mínimo para vivir dignamente en Gran Canaria? 

Aunque el costo de vida en Las Palmas de Gran Canaria es el tercero más barato de España y de Europa Occidental, generalmente los canarios no tienen salarios que compensen lo que cobran con lo que gastan. 

Visocan asegura que la principal demanda de vivienda protegida en Canarias procede de un perfil familiar que, incluso teniendo ingresos razonables, no puede acceder al mercado privado ante la escalada de los precios. Para vivir en Gran Canaria dignamente y poder hacer frente a cualquier imprevisto económico con un margen entre 100 y 200 euros para hacer frente a gastos farmacéuticos, averías de vehículos o cualquier otro contratiempo, un canario debería cobrar según los datos de Expatistan entre 1.600 o 1.700 euros. ¿Se asemeja a la realidad? 

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La escasez de vivienda y la subida de los costes laborales frenarán la economía canaria en 2025

Tras un crecimiento del 2,6% en 2024, se prevé que las islas sufran una desaceleración pese a la reducción de la inflación y los tipos de interés

024 se vuelve a presentar como un año positivo para el desarrollo económico de las islas. 

Según el informe 'Situación Canarias', presentado por BBVA Research, el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá alrededor de un 2,6%, 0,6 puntos más de lo que lo hará en el conjunto de España. Para que esta previsión se cumpla, será fundamental que se mantenga el flujo de turistas desde la eurozona y que el Banco Central Europeo (BCE) termine por reducir la inflación y los tipos de interés, provocando una caída del coste financiero que beneficiaría particularmente a los hogares de las islas.

El economista jefe de BBVA Research, Miguel Cardoso señaló que el incremento de los precios en el sector turístico con su consecuente pérdida de competitividad, la escasez de vivienda y mano de obra y la subida de los costes laborales hacen que este crecimiento pueda «tener límites», por lo que anticipan una desaceleración de la economía de cara a 2025, pasando a crecer un 1,6%, 0,4 puntos menos que en el resto del territorio nacional.

Para Cardoso, resulta «clave» el poco avance en la construcción de vivienda asequible que ha experimentado Canarias en los últimos años, pudiendo desencadenar en una intensificación de los problemas de acceso a mano de obra y un lastre del consumo de los hogares.

El euríbor

El economista jefe de BBVA Research destacó que el progresivo descenso del euríbor, que podría llegar al 2,5% a finales del año próximo supondrá «un alivio» particularmente para las familias canarias, que son las que más destinan de su salario a adquirir vivienda, un 35%.

Esta situación está provocando una desaceleración en la venta de viviendas canarias, que se encuentra alrededor de un 4% por debajo de 2019 y sobre todo respecto a 2022 cuando estuvo entre el 20 y 30% por encima del año prepandemia. Según Cardoso, lo más notable de estas cifras es que «los precios continúan aumentando» y que el descenso en la venta de viviendas no solo tiene que ver con el aumento en los tipos de interés, sino principalmente en un déficit de vivienda, que está afectando la actividad en el sector y reflejándose través de aumentos en precios, que hacen que también la actividad se ralentice en un entorno donde los visados de obra nueva se mantienen en niveles muy similares o incluso por debajo de los observados en 2019.

Por todo ello, Cardoso indicó que todo apunta a que el precio de la vivienda «continuará aumentando» en un entorno donde vayan bajando los tipos de interés, donde el precio del alquiler ya es relativamente elevado empezando a ser la compra la mejor opción para todo aquel que quiera independizarse.

Contribución de los extranjeros

Cardoso opinó que el primer trimestre de 2024 «ha sido mejor» de lo esperado gracias al avance de la afiliación a la Seguridad Social, especialmente gracias a las islas orientales. Todo motivado por «la buena evolución del gasto extranjero y el comportamiento «bastante positivo» de «todos» los sectores relacionados con el turismo y un «crecimiento importante» del empleo en los servicios públicos relacionados con las «necesidades» surgidas tras la pandemia.

Según el informe de la entidad financiera, la saturación del territorio y del sector turístico «obligan» a la reactivación del sector inversor con el objetivo de mantener esa ventaja en la calidad del destino, una recuperación de la inversión que podría mitigar el efecto de unos niveles de ocupación «ya muy elevados en temporada alta».

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Las obras de una futura urbanización con 820 viviendas arrancan en Arinaga

 Las obras para la creación de una futura urbanización en Playa de Arinaga, exactamente en Los llanos de la Montaña de Arinaga, en el término municipal de Agüimes, comenzaron durante esta semana con los movimientos de tierra, el trabajo de los camiones y excavadoras, y el de operarios y técnicos.

La duración de estos trabajos, que supondrán la creación de aceras, asfaltado de las calles, instalación de las farolas y el alcantarillo, entre otros, tienen una duración que podría ser de entre 20 meses y dos años. Después de que se concluya la creación de la urbanización, tendrá lugar la recepción de la misma por parte del Ayuntamiento, y serán después las fases siguientes de este proyecto.

La construcción de este lugar residencial, en unos terrenos que tienen una superficie llana de 206.000 metros cuadrados y que están divididos en 450 parcelas, podrán suponer la construcción de 824 viviendas, así como una zona comercial, así como espacios y dependencias de uso social, deportivo, educativo y cultural. Esta promoción privada está a cargo del Instituto Piadoso Eclesiástico Jesús Sacramentado, que es el encargado de gestionar ese terreno desde finales de los años 70. 

La fundación del mencionado instituto eclesiástico, que trabaja en materia de asuntos educativos y religiones, es la que en esta ocasión se encarga de la venta de sus parcelas de estos terrenos que se encuentran frente al antiguo fortín de Artillería y el centro de salud de Playa de Arinaga. Por su parte, las empresas Lopesan y Hermanos Tito se encargan de la construcción.

La Corporación local agüimense había otorgado en junio de 2021 la licencia de construcción, una vez que el Ayuntamiento y la promotora ya contaban con toda la documentación necesaria, incluida la evaluación de impacto medioambiental.

Después de los acuerdos alcanzados y los contratos firmados por cada parte, las compañías Lopesan y Hermanos Tito cuentan con la propiedad de unas 300 parcelas, al tiempo que el Instituto Piadoso Eclesiástico Jesús Sacramentado tiene unas cien. Según acordaron, en cada parcela se podrá construir inmuebles de dos plantas que serán viviendas protegidas (VP). Todas las parcelas tienen una superficie media de 150 metros cuadrados. 

En el caso del Ayuntamiento de Agüimes dispondrá del diez por ciento de la superficie de los terrenos, es decir unas 50 parcelas, en las que podrá construir instalaciones de uso comercial, social, educativo, deportivo y cultural, además de viviendas del tipo VP. Todas esas iniciativas están aún por definir, a la espera de que se haga poco después de la recepción de esta urbanización residencial y según las necesidades sociales y reales de Playa de Arinaga, que está en un constante crecimiento.

Lista de reversa

La fundación del instituto eclesiástico comenzó hace unos meses a recibir a cientos de personas interesas por algunas de sus parcelas. Por ello, se hizo una lista de reserva para la compra por adelantado, y de esa lista se asignará a los cien primeros para la adquisición definitiva de cada una de dichas parcelas.

Desde el Ayuntamiento y entre los propios interesados, se confía que esta oferta de suelo en Arinaga permita que baje el precio del suelo, ya que en esta zona costera de la villa es «bastante superior» que en otros lugares de este municipio de la comarca del sureste.

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Los propietarios piden a Sánchez recurrir la ley catalana que paga un alquiler social a okupas

 Cataluña tramita una Ley para pagar un alquiler social a Okupas

El Gobierno catalán sigue mostrando su apoyo a la okupación ilegal de inmuebles. La semana pasada, la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Cataluña votó las enmiendas de la Ley Antidesahucios que prepara la Generalitat. En concreto, esta norma cuenta con el apoyo de ERC, JxCat, la CUP, En Comú Podem y el PSOE de Cataluña. Ahora, el trámite continúa en el Parlamento y se prevé que esta ley, que obliga a proporcionar un alquiler social a los okupas, se apruebe en un mes aproximadamente.

En este sentido, Toni Miranda, presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación (ONAO), ha explicado: «consideramos que esta ley para dar alquiler social a los okupas es un paso más en la dirección de apoyar la okupación, un premio para quienes usurpan las viviendas de otros y a los delincuentes».

Esta ley obligará a la renovación automática de los alquileres sociales de las viviendas de los grandes tenedores cuando éstos lleguen a su fin. Asimismo, contempla alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en casos de extinción de contrato. Esta imposición tendrá que cumplirse durante cinco años si el gran tenedor es persona física; siete años, si es persona jurídica; y doce años si se trata de un banco o un fondo de inversión. Así, un okupa que sea considerado vulnerable estará protegido y tendrá derecho a un alquiler social.

Por otro lado, la normativa impulsada por la izquierda catalana pretende que las solicitudes de desahucios caigan. Por ello, proponen a los grandes tenedores – sólo a los no vinculados a bancos y fondos de inversión- pedir a la Generalitat que les alquile la vivienda donde vive la familia en riesgo de desahucio a precio de protección oficial. En concreto, los inquilinos se quedarán en el inmueble del arrendador con un alquiler social del que se hará cargo la Administración.

Al respecto, Miranda asegura que muchas viviendas que están destinadas a personas vulnerables y con bajas rentas «han sido okupas y esta ley da prioridad a los delincuentes, que se quedan con las viviendas de los que están en lista de espera. Es una injusticia».

Además, la ley incluye el control de ofertas de alquiler social, la ampliación a siete años de la cesión obligatoria de viviendas vacías de los bancos y fondos de inversión. De igual modo, la normativa también amplía la definición de gran tenedor: personas jurídicas con más de 10 viviendas y 15 para las personas físicas.

Por su parte, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleve al Tribunal Constitucional la ley catalana antidesahucios aprobada este miércoles por el Parlament. Esta norma -que cuenta con el apoyo de ERC, JxCat, la CUP, En Comú Podem y el PSC- obliga a los propietarios a dar alquiler social a los okupas.

La asociación considera que con esta aprobación se continúa con el amparo de la Administración Pública a la okupación de inmuebles, lo que convierte a España en el único país en la Unión Europea que protege esta actividad delictiva. «Esto genera un efecto llamada a la okupación ilegal, un fenómeno delictivo especialmente acuciante en Cataluña, donde se registran más del 50% de los casos totales de 2021. Cada día en España se registran más de 40 casos de ocupación al día», aseguran desde Asval.

Asimismo, la patronal asegura que esta ley atenta «contra el derecho de propiedad privada», al establecer, en la práctica, una expropiación de viviendas por parte de las Administraciones Públicas. De igual forma, la asociación considera que «se establece una clara discriminación legal de propietarios en función del número de viviendas. Esto supone una arbitrariedad legislativa contraria a la Constitución Española».

¿Qué contempla la ley?

Esta ley obligará a la renovación automática de los alquileres sociales de las viviendas de los grandes tenedores cuando éstos lleguen a su fin. Además, contempla alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en casos de extinción de contrato. Esta imposición tendrá que cumplirse durante cinco años si el gran tenedor es persona física; siete años, si es persona jurídica; y doce años si se trata de un banco o un fondo de inversión. Así, un okupa que sea considerado vulnerable estará protegido y tendrá derecho a un alquiler social.

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La alcaldesa pedirá a la consejera de Vivienda ayudas directas para los vecinos desalojados

La alcaldesa de Santa Lucía Dunia González se reunió este jueves con un grupo de vecinos y vecinas del edificio Jafema, que tuvieron que desalojar sus casas por las grietas detectadas en los sótanos de la construcción. 

Al finalizar el pleno municipal la primera edil respondió a las preguntas planteadas por una decena de vecinos, que había acudido a las Casas Consistoriales en Santa Lucía. 

Dunia González anunció que “desde que ocurrió el desalojo, además del apoyo desde los servicios sociales municipales,  solicitamos ayuda a otras instituciones, y hemos pedido una reunión con la consejera de Políticas Sociales del Gobierno canario para plantearle que puedan realizar ayudas directas a los vecinos y vecinas afectados por el desalojo”.

La alcaldesa contó todas las gestiones que se realizaron desde las diferentes áreas del Ayuntamiento el mismo miércoles 6 de febrero en el que se decidió el desalojo del edificio Jafema, una construcción de 44 viviendas y 6 locales comerciales situados en la calle Poema La Maleta de Vecindario. 

Dunia González recordó que “desde que el área de Gestión Urbanística fue informado de la situación de las columnas del edificio y se decidió el desalojo preventivo actuaron de forma inmediata la Policía Local, para garantizar la seguridad y cortar el tráfico durante el desalojo, y las trabajadoras sociales, que ofrecieron la posibilidad de quedarse en el centro de windsurfing de Pozo Izquierdo a las familias que carecían de alojamiento alternativo”.

La primera edil también contó que “a las tres familias que se quedaron en Pozo Izquierdo, se les buscó una vivienda de alquiler y se les tramitó una ayuda al alojamiento para pagar ese alquiler”. González aclaró que “hemos hecho todo lo que hemos podido dentro de las competencias del Ayuntamiento, y nos hemos dirigido a otras instituciones como el Gobierno de Canarias, que sí tiene contempladas y presupuestadas ayudas para la rehabilitación de edificios privados, algo que la ley no permite a los ayuntamientos.”

La alcaldesa anunció a los vecinos que “la próxima semana nos vamos a reunir con la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y con responsables de Vivienda del Gobierno canario para pedirles que busquen ayudas económicas directas a los vecinos y vecinas, porque las ayudas que tiene el Gobierno canario son para la rehabilitación de construcciones más antiguas que este edificio”. 

Los vecinos también plantearon a la alcaldesa que el Ayuntamiento pueda avalar ante las entidades financieras los créditos que van a solicitar para afrontar las obras de rehabilitación. Dunia González les respondió que “el concejal de Hacienda ya está en contacto con el administrador del edificio y vamos a apoyarles en la búsqueda de los créditos más baratos y tenemos la intención de avalar esos préstamos si la legislación nos lo permite”. 

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