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miércoles, 18 de junio de 2025

La UCO en casa de Ábalos descubre a sus "putillas"

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 El pasado 10 de junio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió en el domicilio del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en Valencia, en el marco de la investigación del caso Koldo. 


Lo que comenzó como un registro rutinario ordenado por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, pronto tomó un giro inesperado y escandaloso: los agentes sorprendieron a una mujer, identificada como Anaís D. G., intentando ocultar un disco duro externo en su pantalón mientras alegaba que iba a pasear al perro. Este episodio, lejos de ser un hecho aislado, refuerza la percepción de que Ábalos tiene un problema recurrente con la prostitución, un patrón que parece acompañarlo sin remedio.


El operativo comenzó a las 7:00 de la mañana, aunque las diligencias se iniciaron formalmente a las 8:50. Según el acta de la UCO, Ábalos no estaba solo en su vivienda de la Avenida de la Constitución. Lo acompañaba Anaís D. G., una joven de 32 años que se presenta en internet como modelo y publica contenido de carácter erótico. Durante el registro, Ábalos insistió en que la mujer debía salir a pasear al perro, una excusa que levantó sospechas entre los agentes. 


Uno de ellos observó que el exministro le indicaba a Anaís que cogiera «algo de desayuno», tras lo cual ella se dirigió a una habitación. Antes de abandonar el domicilio, un guardia civil notó un bulto sospechoso en su pantalón. Tras un cacheo, se descubrió un disco duro externo de color azul, marca WD-MY Passport, que fue confiscado y precintado como evidencia.



El intento de ocultar el dispositivo no fue un hecho menor. Según juristas consultados, la acción de Anaís podría constituir un delito de encubrimiento de pruebas, penado con entre seis meses y tres años de prisión. Este episodio contradice las declaraciones públicas de Ábalos, quien tras el registro aseguró haber colaborado plenamente con los agentes, destacando su «buen trato y profesionalidad». Sin embargo, sus recursos legales ante el Supremo, donde acusa a los investigadores de realizar una pesquisa prospectiva, revelan una postura menos conciliadora.


Durante las casi diez horas de registro, los agentes incautaron 34 dispositivos electrónicos, entre ellos un iPhone 11 Pro negro, un iPhone S gris, cuatro discos duros externos, 20 memorias USB, una tarjeta SD, una tarjeta SIM y un iPad. También se llevaron cinco conjuntos documentales, incluyendo cuadernos, uno de ellos con la inscripción de Mafex, la Asociación de la Industria Ferroviaria Española. En el despacho de Ábalos, los agentes encontraron una cuenta de correo abierta, cuya contraseña fue modificada y asegurada con doble autenticación por los investigadores.


El episodio del disco duro no es el único que ha puesto a Ábalos en el centro de la controversia por su relación con mujeres vinculadas al mundo de la prostitución. Informes previos sugieren que el exministro tenía un historial de contacto con trabajadoras sexuales, un comportamiento que parece ser un patrón persistente. Según fuentes periodísticas, Anaís D. G. afirmó ser solo una «amiga» que limpiaba la casa y sacaba al perro, pero su intento de ocultar un disco duro sugiere una implicación más profunda.


Además, un post en X del 20 de febrero de 2025, afirmó que la «novia» de Ábalos era en realidad una prostituta que recibía dinero público a través de empleos ficticios en empresas dependientes del Ministerio de Transportes. Aunque esta información no está verificada y debe tratarse con cautela, refuerza la narrativa de que Ábalos tiene un problema estructural con la prostitución, un vicio que parece no poder controlar y que lo ha acompañado a lo largo de su carrera política. Este patrón, combinado con las acusaciones de corrupción, dibuja un retrato de un político atrapado en una red de excesos y malas decisiones. 

Fuente de Info: eldiestro.info

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sábado, 14 de junio de 2025

De la España profunda a la España más corrupta sin precedentes

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 Gerardo Ojeda (*):

España cae al puesto 56 en el último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Se ha publicado el informe anual 2024 de  la Transparencia Internacional por países sobre el Índice de la percepción de la corrupción.


Son veintiuna páginas repletas de datos comparativos sobre 180 países -cubre casi todos los del mundo, -que muestran cómo la corrupción global parece estar aumentando.


Eso tiene consecuencias múltiples en el debilitamiento de los derechos humanos; incrementa las crisis globales; bloquea la acción política; aumenta las desigualdades de la población; reduce la libertad de expresión; debilita las instituciones democráticas; obstaculiza la acción climática; afecta más a las personas más vulnerables, e incluso genera intimidación y violencia. El hecho de que la corrupción del sector público esté aumentando es, pues, un problema global.  


 Cada vez que alguien dice que España es de las mejores democracias del mundo, es para echarse a reír, o que España "va como una moto" económicamente hablando, cuando dependemos de la Unión Europea y nuestro país cada minuto se endeuda miles de millones más. Pero dejemos esa lectura a un lado.


En los últimos años  España ha recaudado más impuestos que nunca, donde más se ha incrementado los productos básicos un 200 %, los carburantes, la electricidad, el transporte público, todos esos impuestos  para pagar los tratos de favor, los repartos de dinero entre los políticos y amigos del PSOE, las putas, los vicios, las comidas, las fiestas, los enchufes a dedo, contratos a dedo de empresarios afines, puertas giratorias, desvío de dinero a otros países, condenas que quedan impunes, conversaciones de la Guardia Civil a Ministros puteros, cocainómanos. Los principales periódicos de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, y hasta de Estados Unidos, recogen en sus páginas la situación límite en la que se encuentra el Gobierno de España, cercado por una investigación judicial que destapa una corrupción de vuelos mayores. ¿Ustedes ven fuego en las calles, gente manifestándose? nosotros no 


Qué España esté en el puesto 56 de la corrupción, no es ni de lejos un buen dato, más cuando es inimaginable pensar que hayan países africanos como Ruanda o Botswana que nos adelantan en el puesto 56. No es extraño que España siga hundiéndose cada vez más hacia una deriva que los españoles no quieren asumir, ni pretenden cambiar la situación. 


Que cada día sigan estallando casos de corrupción política, no es nada nuevo ya que el problema   que sigue instaurado en España es y sigue siendo el bipartidismo, PP - PSOE y sus adyacentes partidos nacionalistas separatistas. El hecho de que la corrupción del sector público esté aumentando es, pues, un problema global y España ha contratado en la última década a 1,6 millones de funcionarios. No digamos más. 


Vemos medios de comunicación, comentarios y personas que aun así con todo lo que se nos viene encima,  siguen defendiendo a este gobierno sanchista con un descaro sin límites. Lees artículos en prensa donde se atreven a justificar la corrupción mencionando siempre como culpables a la extrema derecha. Extrema ceguera la del que quiere seguir defendiendo la mediocridad política que padecemos en todos los ámbitos, nacional, regional y local. 


Se incrementa  el número de amenazas entre países,  guerras y ataques en Oriente Medio y Europa. Una guerra Ucraniana con Rusia que parece no tener fin,  otros que no cesan el ataque entre Israel, Gaza, Libia, Jordania, Siria e Irán, China practicando ejercicios para atacar Taiwán, las políticas anti migratorias aplicadas por Donald Trump en Estados Unidos han calentado el ambiente en las calles. 


El mundo no parece mejorar, y la población lo ignora por completo. En Israel hemos visto turistas en la playa como si no fuera con ellos el conflicto, hasta que suenan las sirenas para que abandonen inmediatamente todo lo que estén haciendo y se pongan a cubierto por posibles ataques de misiles. Surrealista lo de esta sociedad dormida y drogada con vacaciones, playa y sol que es lo que toca ahora .  

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martes, 15 de abril de 2025

Junts le da un ultimátum al Gobierno Socialcomunista

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LaBandera.es | Si a finales de mayo no ha cumplido los acuerdos con el PSOE, retirará su apoyo: «Hasta aquí hemos llegado», dice Jordi Turull

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha señalado esta misma mañana que su partido hará balance del acuerdo de Bruselas a finales del mes de mayo. La intención: ver si el Gobierno Socialcomunista de Pedro Sánchez cumple el acuerdo que el PSOE y su partido firmaron para la investidura.


Jordi Turull ha sido muy claro en una entrevista en TVE. Si no se cumplen las promesas hechas por el PSOE, Junts no va a seguir dándole apoyo.


De hecho, Turull ha comentado que ahora mismo están «en la prórroga que nos pidió el mediador internacional». Y es que Junts retiró su petición de que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza porque el mediador les pidió más tiempo para seguir cumpliendo acuerdos del pacto de Bruselas: «Se va acumulando la desconfianza porque cosas que tendrían que estar no están aún».


Si esto «no funciona», Junts dirá «hasta aquí hemos llegado» y Sánchez deberá decidir, si no tiene el apoyo mayoritario del Congreso, si quiere seguir por seguir en el poder o ya o ver qué van a hacer, aunque desde Junts afirman que el PSOE es «muy partidario del poder al precio que sea». No obstante, la formación independentista catalana descarta una moción de censura.


Escepticismo

Respecto a su percepción sobre los acuerdos, se muestra muy escéptico ya que en el PSOE «siempre hay alguna una excusa. Estamos llegando casi a mitad del mandato y nosotros nos debemos a los ciudadanos de Cataluña y hemos de poder exhibir unos resultados».


Además, respecto a los Presupuestos Generales del Estado para este año, Turull ha aclarado: «Hasta que no se acredite la ejecución del 100% o compensación del presupuesto no hay negociación».


Finalmente, Turull se pregunta: «¿Si tú has aprobado una amnistía, por qué no te quieres reunir con el expresidente de la Generalitat?», ha cuestionado. Ha lamentado que ni el PSOE, ni Sánchez, ni Salvador Illa aplican la amnistía política, «no quieren hablar» ni reunirse con Carles Puigdemont.

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viernes, 10 de enero de 2025

Cuatro asociaciones de jueces sospechan sobre la reforma judicial de Sánchez

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 APM: ‘Parece que se pretende buscar la impunidad de hechos delictivos de unos ciudadanos concretos’

Las asociaciones judiciales españolas se pronunciaron este viernes contra la reforma judicial presentada por el PSOE para evitar que las acusaciones populares participen en la instrucción de los procedimientos.


Una reforma planteada, además, para esquivar los preceptivos informes sobre su impacto legal, que incluye medidas para facilitar la recusación de jueces y que afectará a procedimientos en curso, justo los que afectan a la parentela de Sánchez, a su partido y a su Gobierno.


Se impondrá su aplicación en procedimientos en curso que afectan al Gobierno y a los parientes imputados de Sánchez

La medida encontró el rechazo frontal de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), del Foro Judicial Independiente (FJI) y de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y, con matices, de la asociación izquierdista Juezas y Jueces por la Democracia.


En declaraciones recogidas por ‘La Razón’ las cuatro asociaciones cuestionan que «la proposición de ley de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de las acciones judiciales abusivas» incluyen puntos sospechosos de que se trata de una reforma a la carta, maquinada para lograr la «impunidad» en ciertos procedimientos penales.


De aprobarse la reforma, expulsará las acusaciones populares de causas contra su mujer y su hermano imputados, o de la investigación de la presunta organización criminal del ‘caso Koldo-PSOE’.


‘Parece que se pretende buscar la impunidad de hechos delictivos de unos ciudadanos concretos’

La presidenta de la APM Chus del Barco, alerta que restringir la acusación popular en la instrucción de causas es una limitación «tan restrictiva que viene a inutilizarla» y “produce una clara vulneración de la tutela judicial efectiva que consagra el art.24 de la Constitución», indica.


Según la juez decana de Madrid, «Parece que lo que se pretende es buscar la impunidad, y la impunidad de los hechos delictivos de unos ciudadanos concretos casa muy mal con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley», alega.


Del Barco denuncia, además, que una reforma de tal envergadura que afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial, al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe tramitarse como como proyecto de ley para contar con los informes preceptivos que Sánchez evita con su artimaña.


En ese sentido, la reforma de Sánchez impone que las medidas se aplicarán a los procedimientos en curso y esquiva los informes del CGPJ, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado.


La portavoz, además, critica que el Gobierno use la falsa justificación de que los cambios siguen la Directiva Europea 2024/1069, porque esa norma se refiere expresamente a las acciones civiles y mercantiles.


Reforma judicial por las ‘inquietudes de un PSOE señalado en los tribunales’

El portavoz de la AJFV, Sergio Oliva, considera que es un “profundo error” limitar las acusaciones populares, lo que incluye a partidos políticos y a asociaciones de jueces y fiscales.


El portavoz del FJI, Fernando Portillo, recuerda que Constitución reconoce el derecho de las acusaciones populares. Portillo considera que la reforma no parece obedecer a postulados teóricos o técnicos, sino a inquietudes de un PSOE señalado en los tribunales.


La reforma judicial amplía los supuestos de recusación de jueces

Todas las asociaciones mostraron también su recelo al incluir la ley de Sánchez más supuestos de recusación de jueces por sus declaraciones (pública o privadas) vía modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial -aunque esa situación que ya se solventa en la práctica por los tribunales-.


Si bien las asociaciones comparten la necesidad de que los jueces, además de independientes, sean prudentes en sus declaraciones, consideran que apartarles de una instrucción ataca a su libertad de expresión.


Tal y como expresó la decana Chus del Barco: «¿Esto significa que cuando los jueces hacemos unas manifestaciones públicas ante una ley que lesiona enormemente el Estado de derecho tenemos que ser recusados? Hay que tener mucho cuidado porque, a lo mejor, no se pretende preservar la imagen de independencia del juez, sino otra cosa muy diferente».


En ese sentido, Sergio Oliva considera que, además de impedir “actuar en defensa de intereses legítimos de jueces y magistrados», la norma puede ser inconstitucional, porque vulnera el art.127 que regula la asociación profesional de la carrera judicial. LaBandera.es 

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domingo, 27 de febrero de 2022

Los propietarios piden a Sánchez recurrir la ley catalana que paga un alquiler social a okupas

 Cataluña tramita una Ley para pagar un alquiler social a Okupas



El Gobierno catalán sigue mostrando su apoyo a la okupación ilegal de inmuebles. La semana pasada, la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Cataluña votó las enmiendas de la Ley Antidesahucios que prepara la Generalitat. En concreto, esta norma cuenta con el apoyo de ERC, JxCat, la CUP, En Comú Podem y el PSOE de Cataluña. Ahora, el trámite continúa en el Parlamento y se prevé que esta ley, que obliga a proporcionar un alquiler social a los okupas, se apruebe en un mes aproximadamente.


En este sentido, Toni Miranda, presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación (ONAO), ha explicado: «consideramos que esta ley para dar alquiler social a los okupas es un paso más en la dirección de apoyar la okupación, un premio para quienes usurpan las viviendas de otros y a los delincuentes».


Esta ley obligará a la renovación automática de los alquileres sociales de las viviendas de los grandes tenedores cuando éstos lleguen a su fin. Asimismo, contempla alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en casos de extinción de contrato. Esta imposición tendrá que cumplirse durante cinco años si el gran tenedor es persona física; siete años, si es persona jurídica; y doce años si se trata de un banco o un fondo de inversión. Así, un okupa que sea considerado vulnerable estará protegido y tendrá derecho a un alquiler social.


Por otro lado, la normativa impulsada por la izquierda catalana pretende que las solicitudes de desahucios caigan. Por ello, proponen a los grandes tenedores – sólo a los no vinculados a bancos y fondos de inversión- pedir a la Generalitat que les alquile la vivienda donde vive la familia en riesgo de desahucio a precio de protección oficial. En concreto, los inquilinos se quedarán en el inmueble del arrendador con un alquiler social del que se hará cargo la Administración.


Al respecto, Miranda asegura que muchas viviendas que están destinadas a personas vulnerables y con bajas rentas «han sido okupas y esta ley da prioridad a los delincuentes, que se quedan con las viviendas de los que están en lista de espera. Es una injusticia».


Además, la ley incluye el control de ofertas de alquiler social, la ampliación a siete años de la cesión obligatoria de viviendas vacías de los bancos y fondos de inversión. De igual modo, la normativa también amplía la definición de gran tenedor: personas jurídicas con más de 10 viviendas y 15 para las personas físicas.


Por su parte, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleve al Tribunal Constitucional la ley catalana antidesahucios aprobada este miércoles por el Parlament. Esta norma -que cuenta con el apoyo de ERC, JxCat, la CUP, En Comú Podem y el PSC- obliga a los propietarios a dar alquiler social a los okupas.


La asociación considera que con esta aprobación se continúa con el amparo de la Administración Pública a la okupación de inmuebles, lo que convierte a España en el único país en la Unión Europea que protege esta actividad delictiva. «Esto genera un efecto llamada a la okupación ilegal, un fenómeno delictivo especialmente acuciante en Cataluña, donde se registran más del 50% de los casos totales de 2021. Cada día en España se registran más de 40 casos de ocupación al día», aseguran desde Asval.


Asimismo, la patronal asegura que esta ley atenta «contra el derecho de propiedad privada», al establecer, en la práctica, una expropiación de viviendas por parte de las Administraciones Públicas. De igual forma, la asociación considera que «se establece una clara discriminación legal de propietarios en función del número de viviendas. Esto supone una arbitrariedad legislativa contraria a la Constitución Española».


¿Qué contempla la ley?


Esta ley obligará a la renovación automática de los alquileres sociales de las viviendas de los grandes tenedores cuando éstos lleguen a su fin. Además, contempla alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en casos de extinción de contrato. Esta imposición tendrá que cumplirse durante cinco años si el gran tenedor es persona física; siete años, si es persona jurídica; y doce años si se trata de un banco o un fondo de inversión. Así, un okupa que sea considerado vulnerable estará protegido y tendrá derecho a un alquiler social.


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