APM: ‘Parece que se pretende buscar la impunidad de hechos delictivos de unos ciudadanos concretos’
Las asociaciones judiciales españolas se pronunciaron este viernes contra la reforma judicial presentada por el PSOE para evitar que las acusaciones populares participen en la instrucción de los procedimientos.
Una reforma planteada, además, para esquivar los preceptivos informes sobre su impacto legal, que incluye medidas para facilitar la recusación de jueces y que afectará a procedimientos en curso, justo los que afectan a la parentela de Sánchez, a su partido y a su Gobierno.
Se impondrá su aplicación en procedimientos en curso que afectan al Gobierno y a los parientes imputados de Sánchez
La medida encontró el rechazo frontal de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), del Foro Judicial Independiente (FJI) y de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y, con matices, de la asociación izquierdista Juezas y Jueces por la Democracia.
En declaraciones recogidas por ‘La Razón’ las cuatro asociaciones cuestionan que «la proposición de ley de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de las acciones judiciales abusivas» incluyen puntos sospechosos de que se trata de una reforma a la carta, maquinada para lograr la «impunidad» en ciertos procedimientos penales.
De aprobarse la reforma, expulsará las acusaciones populares de causas contra su mujer y su hermano imputados, o de la investigación de la presunta organización criminal del ‘caso Koldo-PSOE’.
‘Parece que se pretende buscar la impunidad de hechos delictivos de unos ciudadanos concretos’
La presidenta de la APM Chus del Barco, alerta que restringir la acusación popular en la instrucción de causas es una limitación «tan restrictiva que viene a inutilizarla» y “produce una clara vulneración de la tutela judicial efectiva que consagra el art.24 de la Constitución», indica.
Según la juez decana de Madrid, «Parece que lo que se pretende es buscar la impunidad, y la impunidad de los hechos delictivos de unos ciudadanos concretos casa muy mal con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley», alega.
Del Barco denuncia, además, que una reforma de tal envergadura que afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial, al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe tramitarse como como proyecto de ley para contar con los informes preceptivos que Sánchez evita con su artimaña.
En ese sentido, la reforma de Sánchez impone que las medidas se aplicarán a los procedimientos en curso y esquiva los informes del CGPJ, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado.
La portavoz, además, critica que el Gobierno use la falsa justificación de que los cambios siguen la Directiva Europea 2024/1069, porque esa norma se refiere expresamente a las acciones civiles y mercantiles.
Reforma judicial por las ‘inquietudes de un PSOE señalado en los tribunales’
El portavoz de la AJFV, Sergio Oliva, considera que es un “profundo error” limitar las acusaciones populares, lo que incluye a partidos políticos y a asociaciones de jueces y fiscales.
El portavoz del FJI, Fernando Portillo, recuerda que Constitución reconoce el derecho de las acusaciones populares. Portillo considera que la reforma no parece obedecer a postulados teóricos o técnicos, sino a inquietudes de un PSOE señalado en los tribunales.
La reforma judicial amplía los supuestos de recusación de jueces
Todas las asociaciones mostraron también su recelo al incluir la ley de Sánchez más supuestos de recusación de jueces por sus declaraciones (pública o privadas) vía modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial -aunque esa situación que ya se solventa en la práctica por los tribunales-.
Si bien las asociaciones comparten la necesidad de que los jueces, además de independientes, sean prudentes en sus declaraciones, consideran que apartarles de una instrucción ataca a su libertad de expresión.
Tal y como expresó la decana Chus del Barco: «¿Esto significa que cuando los jueces hacemos unas manifestaciones públicas ante una ley que lesiona enormemente el Estado de derecho tenemos que ser recusados? Hay que tener mucho cuidado porque, a lo mejor, no se pretende preservar la imagen de independencia del juez, sino otra cosa muy diferente».
En ese sentido, Sergio Oliva considera que, además de impedir “actuar en defensa de intereses legítimos de jueces y magistrados», la norma puede ser inconstitucional, porque vulnera el art.127 que regula la asociación profesional de la carrera judicial. LaBandera.es
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