La UCO en casa de Ábalos descubre a sus "putillas"

 El pasado 10 de junio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió en el domicilio del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en Valencia, en el marco de la investigación del caso Koldo. 

Lo que comenzó como un registro rutinario ordenado por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, pronto tomó un giro inesperado y escandaloso: los agentes sorprendieron a una mujer, identificada como Anaís D. G., intentando ocultar un disco duro externo en su pantalón mientras alegaba que iba a pasear al perro. Este episodio, lejos de ser un hecho aislado, refuerza la percepción de que Ábalos tiene un problema recurrente con la prostitución, un patrón que parece acompañarlo sin remedio.

El operativo comenzó a las 7:00 de la mañana, aunque las diligencias se iniciaron formalmente a las 8:50. Según el acta de la UCO, Ábalos no estaba solo en su vivienda de la Avenida de la Constitución. Lo acompañaba Anaís D. G., una joven de 32 años que se presenta en internet como modelo y publica contenido de carácter erótico. Durante el registro, Ábalos insistió en que la mujer debía salir a pasear al perro, una excusa que levantó sospechas entre los agentes. 

Uno de ellos observó que el exministro le indicaba a Anaís que cogiera «algo de desayuno», tras lo cual ella se dirigió a una habitación. Antes de abandonar el domicilio, un guardia civil notó un bulto sospechoso en su pantalón. Tras un cacheo, se descubrió un disco duro externo de color azul, marca WD-MY Passport, que fue confiscado y precintado como evidencia.

El intento de ocultar el dispositivo no fue un hecho menor. Según juristas consultados, la acción de Anaís podría constituir un delito de encubrimiento de pruebas, penado con entre seis meses y tres años de prisión. Este episodio contradice las declaraciones públicas de Ábalos, quien tras el registro aseguró haber colaborado plenamente con los agentes, destacando su «buen trato y profesionalidad». Sin embargo, sus recursos legales ante el Supremo, donde acusa a los investigadores de realizar una pesquisa prospectiva, revelan una postura menos conciliadora.

Durante las casi diez horas de registro, los agentes incautaron 34 dispositivos electrónicos, entre ellos un iPhone 11 Pro negro, un iPhone S gris, cuatro discos duros externos, 20 memorias USB, una tarjeta SD, una tarjeta SIM y un iPad. También se llevaron cinco conjuntos documentales, incluyendo cuadernos, uno de ellos con la inscripción de Mafex, la Asociación de la Industria Ferroviaria Española. En el despacho de Ábalos, los agentes encontraron una cuenta de correo abierta, cuya contraseña fue modificada y asegurada con doble autenticación por los investigadores.

El episodio del disco duro no es el único que ha puesto a Ábalos en el centro de la controversia por su relación con mujeres vinculadas al mundo de la prostitución. Informes previos sugieren que el exministro tenía un historial de contacto con trabajadoras sexuales, un comportamiento que parece ser un patrón persistente. Según fuentes periodísticas, Anaís D. G. afirmó ser solo una «amiga» que limpiaba la casa y sacaba al perro, pero su intento de ocultar un disco duro sugiere una implicación más profunda.

Además, un post en X del 20 de febrero de 2025, afirmó que la «novia» de Ábalos era en realidad una prostituta que recibía dinero público a través de empleos ficticios en empresas dependientes del Ministerio de Transportes. Aunque esta información no está verificada y debe tratarse con cautela, refuerza la narrativa de que Ábalos tiene un problema estructural con la prostitución, un vicio que parece no poder controlar y que lo ha acompañado a lo largo de su carrera política. Este patrón, combinado con las acusaciones de corrupción, dibuja un retrato de un político atrapado en una red de excesos y malas decisiones. 

Fuente de Info: eldiestro.info

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De la España profunda a la España más corrupta sin precedentes

 Gerardo Ojeda (*):

España cae al puesto 56 en el último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Se ha publicado el informe anual 2024 de  la Transparencia Internacional por países sobre el Índice de la percepción de la corrupción.

Son veintiuna páginas repletas de datos comparativos sobre 180 países -cubre casi todos los del mundo, -que muestran cómo la corrupción global parece estar aumentando.

Eso tiene consecuencias múltiples en el debilitamiento de los derechos humanos; incrementa las crisis globales; bloquea la acción política; aumenta las desigualdades de la población; reduce la libertad de expresión; debilita las instituciones democráticas; obstaculiza la acción climática; afecta más a las personas más vulnerables, e incluso genera intimidación y violencia. El hecho de que la corrupción del sector público esté aumentando es, pues, un problema global.  

 Cada vez que alguien dice que España es de las mejores democracias del mundo, es para echarse a reír, o que España "va como una moto" económicamente hablando, cuando dependemos de la Unión Europea y nuestro país cada minuto se endeuda miles de millones más. Pero dejemos esa lectura a un lado.

En los últimos años  España ha recaudado más impuestos que nunca, donde más se ha incrementado los productos básicos un 200 %, los carburantes, la electricidad, el transporte público, todos esos impuestos  para pagar los tratos de favor, los repartos de dinero entre los políticos y amigos del PSOE, las putas, los vicios, las comidas, las fiestas, los enchufes a dedo, contratos a dedo de empresarios afines, puertas giratorias, desvío de dinero a otros países, condenas que quedan impunes, conversaciones de la Guardia Civil a Ministros puteros, cocainómanos. Los principales periódicos de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, y hasta de Estados Unidos, recogen en sus páginas la situación límite en la que se encuentra el Gobierno de España, cercado por una investigación judicial que destapa una corrupción de vuelos mayores. ¿Ustedes ven fuego en las calles, gente manifestándose? nosotros no 

Qué España esté en el puesto 56 de la corrupción, no es ni de lejos un buen dato, más cuando es inimaginable pensar que hayan países africanos como Ruanda o Botswana que nos adelantan en el puesto 56. No es extraño que España siga hundiéndose cada vez más hacia una deriva que los españoles no quieren asumir, ni pretenden cambiar la situación. 

Que cada día sigan estallando casos de corrupción política, no es nada nuevo ya que el problema   que sigue instaurado en España es y sigue siendo el bipartidismo, PP - PSOE y sus adyacentes partidos nacionalistas separatistas. El hecho de que la corrupción del sector público esté aumentando es, pues, un problema global y España ha contratado en la última década a 1,6 millones de funcionarios. No digamos más. 

Vemos medios de comunicación, comentarios y personas que aun así con todo lo que se nos viene encima,  siguen defendiendo a este gobierno sanchista con un descaro sin límites. Lees artículos en prensa donde se atreven a justificar la corrupción mencionando siempre como culpables a la extrema derecha. Extrema ceguera la del que quiere seguir defendiendo la mediocridad política que padecemos en todos los ámbitos, nacional, regional y local. 

Se incrementa  el número de amenazas entre países,  guerras y ataques en Oriente Medio y Europa. Una guerra Ucraniana con Rusia que parece no tener fin,  otros que no cesan el ataque entre Israel, Gaza, Libia, Jordania, Siria e Irán, China practicando ejercicios para atacar Taiwán, las políticas anti migratorias aplicadas por Donald Trump en Estados Unidos han calentado el ambiente en las calles. 

El mundo no parece mejorar, y la población lo ignora por completo. En Israel hemos visto turistas en la playa como si no fuera con ellos el conflicto, hasta que suenan las sirenas para que abandonen inmediatamente todo lo que estén haciendo y se pongan a cubierto por posibles ataques de misiles. Surrealista lo de esta sociedad dormida y drogada con vacaciones, playa y sol que es lo que toca ahora .  

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Cuatro asociaciones de jueces sospechan sobre la reforma judicial de Sánchez

 APM: ‘Parece que se pretende buscar la impunidad de hechos delictivos de unos ciudadanos concretos’

Las asociaciones judiciales españolas se pronunciaron este viernes contra la reforma judicial presentada por el PSOE para evitar que las acusaciones populares participen en la instrucción de los procedimientos.

Una reforma planteada, además, para esquivar los preceptivos informes sobre su impacto legal, que incluye medidas para facilitar la recusación de jueces y que afectará a procedimientos en curso, justo los que afectan a la parentela de Sánchez, a su partido y a su Gobierno.

Se impondrá su aplicación en procedimientos en curso que afectan al Gobierno y a los parientes imputados de Sánchez

La medida encontró el rechazo frontal de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), del Foro Judicial Independiente (FJI) y de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y, con matices, de la asociación izquierdista Juezas y Jueces por la Democracia.

En declaraciones recogidas por ‘La Razón’ las cuatro asociaciones cuestionan que «la proposición de ley de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de las acciones judiciales abusivas» incluyen puntos sospechosos de que se trata de una reforma a la carta, maquinada para lograr la «impunidad» en ciertos procedimientos penales.

De aprobarse la reforma, expulsará las acusaciones populares de causas contra su mujer y su hermano imputados, o de la investigación de la presunta organización criminal del ‘caso Koldo-PSOE’.

‘Parece que se pretende buscar la impunidad de hechos delictivos de unos ciudadanos concretos’

La presidenta de la APM Chus del Barco, alerta que restringir la acusación popular en la instrucción de causas es una limitación «tan restrictiva que viene a inutilizarla» y “produce una clara vulneración de la tutela judicial efectiva que consagra el art.24 de la Constitución», indica.

Según la juez decana de Madrid, «Parece que lo que se pretende es buscar la impunidad, y la impunidad de los hechos delictivos de unos ciudadanos concretos casa muy mal con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley», alega.

Del Barco denuncia, además, que una reforma de tal envergadura que afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial, al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe tramitarse como como proyecto de ley para contar con los informes preceptivos que Sánchez evita con su artimaña.

En ese sentido, la reforma de Sánchez impone que las medidas se aplicarán a los procedimientos en curso y esquiva los informes del CGPJ, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado.

La portavoz, además, critica que el Gobierno use la falsa justificación de que los cambios siguen la Directiva Europea 2024/1069, porque esa norma se refiere expresamente a las acciones civiles y mercantiles.

Reforma judicial por las ‘inquietudes de un PSOE señalado en los tribunales’

El portavoz de la AJFV, Sergio Oliva, considera que es un “profundo error” limitar las acusaciones populares, lo que incluye a partidos políticos y a asociaciones de jueces y fiscales.

El portavoz del FJI, Fernando Portillo, recuerda que Constitución reconoce el derecho de las acusaciones populares. Portillo considera que la reforma no parece obedecer a postulados teóricos o técnicos, sino a inquietudes de un PSOE señalado en los tribunales.

La reforma judicial amplía los supuestos de recusación de jueces

Todas las asociaciones mostraron también su recelo al incluir la ley de Sánchez más supuestos de recusación de jueces por sus declaraciones (pública o privadas) vía modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial -aunque esa situación que ya se solventa en la práctica por los tribunales-.

Si bien las asociaciones comparten la necesidad de que los jueces, además de independientes, sean prudentes en sus declaraciones, consideran que apartarles de una instrucción ataca a su libertad de expresión.

Tal y como expresó la decana Chus del Barco: «¿Esto significa que cuando los jueces hacemos unas manifestaciones públicas ante una ley que lesiona enormemente el Estado de derecho tenemos que ser recusados? Hay que tener mucho cuidado porque, a lo mejor, no se pretende preservar la imagen de independencia del juez, sino otra cosa muy diferente».

En ese sentido, Sergio Oliva considera que, además de impedir “actuar en defensa de intereses legítimos de jueces y magistrados», la norma puede ser inconstitucional, porque vulnera el art.127 que regula la asociación profesional de la carrera judicial. LaBandera.es 

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El gobierno socialista alemán anuncia controles policiales en las fronteras del país para frenar la inmigración ilegal, el terrorismo islamista y el crimen fronterizo

 Este lunes, el gobierno socialista de Alemania sorprendió a muchos de sus colegas socialistas europeos con un anuncio inesperado. Nancy Faeser, ministra del Interior y miembro del Partido Socialdemócrata (SPD), declaró que se implementarán controles en todas las fronteras terrestres del país a partir de la próxima semana. 

Esta medida tiene como objetivo frenar la inmigración ilegal, el terrorismo islamista y el crimen transfronterizo.

Este anuncio pone en cuestión el principio del espacio Schengen, el área de libre circulación que abarca a 29 países europeos. Además, desafía varias posturas ideológicas tradicionales de la izquierda, como la crítica a la protección de fronteras y la oposición a la vinculación entre inmigración ilegal y delincuencia. Curiosamente, el mismo sector político que antes tildaba de «xenófobos» a quienes defendían tales medidas, ahora se ve obligado a aplicarlas, debido a la creciente ola de violencia asociada a la inmigración masiva en Alemania.

Sin embargo, los controles fronterizos no resolverán el problema en su totalidad, ya que gran parte de los desafíos están dentro del propio país, tras años de una política migratoria permisiva impulsada por Angela Merkel (CDU) y apoyada por la izquierda. La situación ha alcanzado tal magnitud que vigilar las fronteras no será suficiente. Es interesante observar este cambio de enfoque en el discurso de los socialistas alemanes, quienes ahora también presumen de haber deportado a más de 30.000 personas desde octubre de 2023.

Este giro en la política migratoria del SPD invita a preguntarse si han reconocido finalmente los errores de años anteriores, después de criticar a quienes proponían limitar la inmigración ante la incapacidad de Alemania para integrar a un número tan elevado de extranjeros, especialmente de países musulmanes. ¿Qué ha motivado este cambio de postura? La respuesta parece sencilla: se avecinan elecciones federales en Alemania y los recientes resultados desfavorables del SPD en elecciones regionales han generado preocupación en el partido.

Ahora queda la duda de si, una vez pasadas las elecciones, el SPD retomará su discurso anterior, o si este cambio es simplemente una estrategia electoral. Es incierto si el partido volverá a demonizar a quienes piden políticas migratorias más estrictas para garantizar la seguridad en Alemania, o si permitirá nuevamente que su política migratoria sea un punto vulnerable para la delincuencia. Este es el dilema que enfrentarán los votantes al decidir si confiar de nuevo en el SPD.

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El PP se suma a la izquierda y vota en contra de la propuesta de VOX para prohibir las regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales

 VOX se ha vuelto a quedar solo en el Congreso de los Diputados en su propuesta de prohibir las regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales. Se han emitido 348 votos: 33 a favor (sólo los de VOX), 315 (socialistas, populares y el resto del Pleno) en contra y cero abstenciones.

En su intervención, la diputada de VOX Rocío de Meer ha reiterado la relación entre inmigración ilegal y criminalidad, y ha recordado la violación grupal por parte de cinco magrebíes y un nigeriano en 2018 en Azuqueca de Henares (Guadalajara, Castilla-La Mancha) a una niña de 12 años. «El silencio es atronador», ha dicho, antes de censurar a quienes aprueban las políticas de fronteras abiertas.

En el Pleno del Congreso que ha debatido la enmienda a la totalidad con texto alternativo de VOX contra la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) —que apoyaron PSOE y PP— para la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales en España, De Meer ha señalado que las ONG están «en connivencia» con las mafias de tráfico de personas y ha pedido «un sólo motivo» para «aceptar y respetar una cultura que piensa que las mujeres somos inferiores».

«El mismo PP que decía en Cataluña que había que luchar contra la inmigración ilegal acaba de dar el último martillazo para consolidar el efecto llamada regularizando a más de 500.000», ha señalado el partido liderado por Santiago Abascal en la red social X.

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Sánchez pasa al ataque e inicia la gran purga contra jueces y medios de comunicación

 Un tirano traidor que apoya a los canarios que le votaron en las Elecciones Europeas del pasado 9 de junio 

Tras las europeas, el presidente anuncia dos paquetes de medidas de «regeneración democrática» para controlar la Judicatura y ahogar económicamente a los periódicos que informan del caso Begoña.

El Gobierno con la mayoría parlamentaria más precaria e inestable de la democracia se ha propuesto controlar a la Judicatura mediante el nombramiento de jueces afines y ahogar económicamente a los medios de comunicación que están informando sobre el caso Begoña y, ahora también, sobre el del hermano del presidente.

La respuesta que Pedro Sánchez dio este miércoles al resultado de las urnas (su partido "La PSOE" fue derrotado por 700.000 votos y cuatro puntos) fue, anunciar lo que venía berreando desde finales de abril, cuando un juez de instrucción imputó a su mujer y se tomó cinco días de reflexión. Un doble paquete con medidas de supuesta «regeneración democrática» con el que salir al ataque, después de meses viéndose obligado a estar a la defensiva. Y con el unir a sus socios nuevamente detrás de una causa común, una vez aprobada y descontada la ley de amnistía.

El salvoconducto de Sánchez es el Congreso. Sabe que la mucha o poca fuerza que tiene reside en la Cámara Baja. No en el Congreso y el Senado, porque en la Cámara Alta el PP tiene mayoría absoluta. Solo en el Congreso. En este contexto, el presidente empezó a deslizar en el plató de TVE su estrategia, resumida en dos frases: «Todo poder emana de la soberanía nacional. Es decir, del Congreso de los Diputados», sostuvo.

En otras palabras: el Congreso es plenipotenciario y todo lo que aprueben Sánchez y sus socios allí será incuestionable desde el punto de vista democrático y legal porque viene del mandato del pueblo. Pero la realidad es que esta afirmación enmienda el artículo 1 de la Constitución, según el cual: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Todos los poderes, y el Congreso es solo la mitad de uno de los tres poderes, el legislativo.

Este argumento ya fue esgrimido por los socialistas y sus aliados con la ley de amnistía, a pesar de que fue aprobada por la mínima: 177 votos a favor y 172 en contra. En abril, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ya estableció una distinción clara entre ambas cámaras: «La soberanía recae en las Cortes Generales, pero en particular en el Congreso», afirmó. Aquello le valió una reprobación en el Senado. 

Poco menos viene a decir que el Senado es una puta mierda que no sirve para nada, no tienen voz ni voto. ¿Reconoce que el Senado no sirve para nada?¿para que cojones queremos el senado?. Claro que esto se dice cuando se gobierna, cuando se está en la oposición La PSOE diría lo contrario. Si señor, España va como un cohete hacia la censura, al fracaso judicial y a la ruina económica.

El presidente dio ayer un ultimátum a  Núñez Feijóo "el del PP" desde TVE para que se avenga a renovar el CGPJ antes de que acabe junio o «se acabó», como él mismo anunció. Acto seguido, Félix Bolaños ( Ministro de Justicia, Presidencia y relaciones con las Cortes de España) se puso en contacto con Esteban González Pons (diputado del PP) para verse. Tanto el presidente como su ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes saben que el PP no va a aceptar el planteamiento del PSOE, pero necesitaban una coartada antes de desplegar el plan.

Éste pasa por una reforma de calado de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incluya rebajar las mayorías de elección de los vocales del CGPJ en el Congreso y el Senado, actualmente situadas en tres quintos (de ahí la necesaria participación del PP). Pero no solo. La propuesta en la que trabaja el Ministerio de Justicia incluye desnaturalizar al CGPJ, arrebatándole la potestad para hacer los nombramientos que le corresponden. En realidad, el actual CGPJ ya no tiene esa facultad: en 2021, Sánchez y sus socios reformaron la ley para impedir que un CGPJ en funciones, como el actual, pudiera hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial. Así que sería convertir en uso lo que en principio se planteó como una situación de excepcionalidad.

Si el CGPJ no, ¿quién?

Y si el CGPJ no hace los nombramientos en el Tribunal Supremo y en los tribunales superiores de justicia, ¿quiénes los harán entonces? Sánchez y sus socios, a través del Congreso. Unos socios que se refieren a la Judicatura como el «partido judicial» y a los vocales del CGPJ como «golpistas con toga» y «okupas»; que acusan a los jueces españoles de «lawfare»; y que han intentado obligarles a comparecer en comisiones de investigación del Congreso para revisar sus sentencias.

Por lo que se refiere a los medios de comunicación, el presidente situó como punto de partida un reglamento europeo que entró en vigor en mayo y que todos los países miembro deben transponer a sus legislaciones nacionales. Esta norma fue concebida para reforzar la independencia de los medios públicos y la transparencia de los privados: quiénes son sus propietarios, cómo se financian y la publicidad institucional que reciben. Pero el espíritu del reglamento dista mucho de lo que pretende el Ejecutivo.

Al Gobierno de "La PSOE", no le preocupan los medios públicos, sino los privados. En concreto, esos que el presidente llamó este miércoles «tabloides digitales conservadores y ultraconservadores que propagan bulos». Que son los que destaparon y vienen informando del caso Begoña. Como no puede controlarlos editorialmente, el presidente quiere secar sus fuentes de financiación para abocarlos al cierre.

Las fuentes públicas, para que no reciban publicidad institucional de las administraciones gobernadas por el PP (que son la mayoría desde las últimas elecciones municipales y autonómicas); y las fuentes privadas, animando a las empresas a no poner publicidad en esos medios. Desde abril, Sánchez ha venido soltando algunas indirectas a los empresarios en los foros económicos en los que ha intervenido. A finales de mayo les instó a «defender la democracia» en unas jornadas organizadas por Cinco Días. Ayer, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, le dio otra sugerencia: «Vetemos en contratación pública a empresas privadas que han colaborado con la maquinaria del fango, mañana», propuso.

El presidente tardará aún unas semanas en destapar todas sus cartas. Se ha dado julio de plazo.

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Europa obliga a investigar al presidente canario Ángel Torres por adquirir PCR mediante una empresa de alimentos

 La Fiscalía Europea, señala a anticorrupción que debe iniciar una instrucción para averiguar el pago triple por parte del gobierno regional socialista

En Infosureste Digital nos hacemos eco de la noticia publicada por El Cierre Digital, que ha accedido en exclusiva a la resolución de Anticorrupción que remite a la Fiscalía de Canarias la denuncia contra el presidente del ejecutivo canario, el socialista Ángel Víctor Torres, por presuntos delitos de malversación y cohecho al aprobar la compra de 48.000 test PCR SARS-CoV-2 por el triple del precio estipulado. La Fiscalía Europea remito el informe al observar un presunto delito en este contrato de emergencia otorgado por el Gobierno canario por 720.000 euros a una empresa de alimentos.

La Fiscalía Europea, finalmente, ha obligado a la Fiscalía en España a que investigue la denuncia contra el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), por presuntos delitos de malversación, administración desleal, cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, y tráfico de influencias, en relación al contrato de emergencia aprobado por el ejecutivo canario en 2021, para adquirir 48.000 test genéticos SARS-CoV2 con un coste total de 720.000 euros, un precio que triplica la tarifa oficial de los laboratorios Bioxamina, expendedores de estos Kits PCR, con sede en Polonia.

Ante esta presión internacional, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España ha resuelto a través de un decreto emitido el pasado 8 de febrero –documento al que ha accedido en exclusiva ElCierreDigital.com–, dar traslado a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias. Así lo ha manifestado oficialmente el teniente fiscal Anticorrupción tras el informe final de este caso por parte de la Fiscalía Europea

Por su parte, el presidente Torres "no contempla dar explicaciones sobre este supuesto sobrecoste contra las arcas públicas", según informan fuentes socialistas consultadas por elcierredigital.com.

A pesar de tener pendiente esta investigación judicial sobre sus espaladas, días atrás en un Congreso Insular del PSOE celebrado en Lanzarote, el propio Torres calificó la situación del Partido Popular de "muy grave", exigiendo a los populares "explicaciones con luz y taquígrafos del buen uso de los recursos públicos". Según él, "porque estamos ante un supuesto caso de corrupción".

Unas declaraciones hechas en relación con la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso.

Silencio de la Justicia española

Esta es la historia de esta denuncia. Fernando Vizcaíno Carles, portavoz de ReVelión en la Granja, interpuso esta denuncia el pasado 24 de septiembre de 2021 contra el presidente canario Ángel Víctor Torres, el director del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez Trujillo, y contra Óscar Díez, Jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife. Todos por presuntos delitos de malversación, administración desleal, cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, y tráfico de influencias, ante  los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria.

Consultado Fernando Vizcaíno Carles por ElCierreDigital.com, asegura que "no ha obtenido ninguna respuesta hasta la fecha por parte de los juzgados canarios", aunque se felicita por haber acudido también a la Fiscalía Europea, órgano judicial que sí "observó indicios de delito" e impulsó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de España.

La denuncia advierte que el ejecutivo regional canario, con el visto bueno del Parlamento de Canarias, aprobó en un contrato de emergencia con un presupuesto muy superior al del laboratorio Bioxamina.

El Gobierno canario sufragó con fondos públicos un coste de 15 euros por cada test PCR, mientras la empresa mantiene en sus tarifas el precio de 5,40 euros por unidad. La adjudicación directa supuso un gasto total de 720.000 euros, gasto que se habría reducido a 259.000 euros si se hubieran aplicado las tarifas oficiales del laboratorio.

Al parecer, el Gobierno de Canarias se habría gastado en la adquisición 461.000 euros más de sobrecoste, según la denuncia interpuesta. "Una cifra muy superior a la que la misma empresa habría presupuestado en otras ocasiones, ocasionando un perjuicio patrimonial a las arcas públicas", argumenta la denuncia interpuesta por Vizcaíno.

Adjudicación a una empresa de alimentos

La adjudicación de emergencia de los Kits PCR, recayó en la empresa TOUT ESPAGNOL IMPORT-EXPORT, S.L. Según el Registro Mercantil consultado por ElCierreDigital.com, esta empresa, con sede en Málaga, está inscrita bajo la actividad de "comercio al por mayor de pescados y otros productos alimenticios", cuyo objeto social radica en "importación y exportación de productos alimenticios tanto frescos como congelados, así como de materiales de construcción y maquinaria industrial y agrícola". 

VER COMPLETO: https://elcierredigital.com/investigacion/420311018/Europa-obliga-investigar-presidente-canarias-psoe-angel-torres-compras-covid.html 

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Lleno absoluto en la presentación del candidato socialista Julio Ojeda en Santa Lucía

El grupo socialista de Santa Lucía de Tirajana presentaba anoche a su candidato a la alcaldía, Julio Ojeda, en una Casa de la Cultura llena hasta la bandera, no solo de personas sino también de ilusión y esperanza por una nueva Santa Lucía, una Santa Lucía VIP, valiente, integradora y productiva.

Durante el acto acompañaron a Julio Ojeda los candidatos a la presidencia del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres y Luis Ibarra, respectivamente, así como la delegada del Gobierno Elena Mañez y la senadora Olivia Delgado. En sus intervenciones todos destacaron la capacidad y el buen hacer del socialista santaluceño durante los últimos 4 años como miembro de la corporación municipal, así como la de sus compañeros Olga Cáceres y Carmelo León.

Todas las personas presentes pudieron conocer de primera mano la agenda política del partido socialista para Santa Lucía, donde priman la innovación y la transformación social, la riqueza económica y social, el liderazgo cultural y educativo y la convivencia y diversidad. Una agenda política que abarca a todos y todas, atendiendo a las necesidades y reclamos de la ciudadanía de Santa Lucía.

Ojeda presenta la candidatura de las personas, de la cultura, del empleo, de la formación, de la transparencia, del progreso… una candidatura con objetivos muy definidos, con mucha ilusión y ganas, pero también con determinación, trabajo y capacidad, forjando un proyecto sólido y de futuro donde cabe toda la ciudadanía. 

El candidato socialista resaltó que “hace 4 años me presentaba ante ustedes cargado de buenas intenciones, con más ilusión que recursos, con un gran proyecto para el municipio de Santa Lucía, un proyecto que logró triplicar los resultados de las elecciones anteriores, que logró que Santa Lucía se desvistiera, por primera vez, de una larga mayoría absoluta, recuperando nuestro grupo político municipal y formando parte del grupo de gobierno. 

No fue magia, fue fruto del trabajo y del tesón de quienes creemos en otra forma de hacer política y conseguimos algo excepcional “que en mayo fuera julio”. Y nos convertimos en pieza clave para garantizar la gobernabilidad del municipio y la estabilidad que merece su ciudadanía. Lo hemos hecho de manera discreta, remangándonos la camisa, con el pico y la pala”.

Durante su intervención Ojeda destacó todo el trabajo conseguido por el partido socialista en el municipio, destacando la labor de otros organismos, como la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias mientras el PSOE estuvo a su frente, logrando hacer realidad la rehabilitación del Centro de Salud de Vecindario cuya reapertura se hará el 5 de febrero entre otros logros, como la mejora de la calidad de los servicios de la administración local a través de la administración electrónica, destacando que gracias al PSOE, Santa Lucía es hoy un municipio transparente, se ha dado visibilidad por primera vez a la comunidad LGTBI en el municipio con la creación de la Semana LGTBI Color Rain Week, se ha conseguido paralizar el 100% de los desahucios hipotecarios, Santa Lucía, desde su concejalía de Igualdad, con la socialista Olga Cáceres al frente, fue el primer municipio de España en presentar un moción denunciando la precariedad laboral de las camareras de piso, donde hemos conseguido multiplicar la actividad cultural, diversificándola y descentralizándola para que llegue a toda la ciudadanía…

Ojeda además, concluyó afirmando que “tendrán un alcalde con la humildad que me inculcaron mis padres. Con el orgullo de pertenecer a una familia que supo desarrollarse con la dignidad que da el labrar la tierra y cuidar del alpendre. Con la constancia que me ha brindado la oportunidad de haberme construido a mí mismo. Con la sed constante de conocer y aprender. Con la seguridad de saberme bien rodeado. Con el compromiso, la determinación y la ilusión necesarias. 

Feliz, sin la necesidad de aparentar alguien que no soy, orgulloso de quienes me rodean, de nuestro proyecto, del trabajo realizado, pero sobre todo de mi ciudad Santa Lucía y su gente”.

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Julio Ojeda: “Los socialistas de Santa Lucía estamos en contra de los muros”

El pleno ordinario de febrero, celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Santa Lucía, finalizó con la aprobación de la moción relativa a la consulta popular sobre el Proyecto de Ley del suelo de Canarias, moción en la que el grupo municipal socialista de Santa Lucía, a través de su portavoz, Julio Ojeda, se posicionaba a favor de una consulta que “abra un debate sereno y enriquecedor, donde las fuerzas políticas se abstengan de ir buscando la ventaja del corto plazo. Una consulta que sirva para informar y formar al ciudadano, que su decisión este llena de conocimiento y no sea fruto de los intereses partidistas”, y exigió que “la consulta se realice con todas las garantías, para que los resultados no puedan ser cuestionados por aquellos que anteponen lo personal al interés general”.

Asimismo, en referencia a la campaña institucional de concienciación promovida por Amnistía Internacional sobre la situación de las miles de personas refugiadas, Julio Ojeda afirmó, a la finalización del pleno, que “es vital la implicación internacional para acabar con este drama y la exigencia para que los gobiernos cumplan los compromisos que adquirieron en este sentido”

Por último, entre otras, fue aprobada como declaración institucional la moción para la Conmemoración del Día Escolar de la Paz y la No Violencia, en la que el secretario general de los socialistas, aprovechando este punto, aludió al polémico muro propuesto por Donald Trump en la frontera con México, en los siguientes términos “desde el grupo municipal socialista de Santa Lucía estamos en contra de los muros, pero también en contra de cada una de las piedras que lo conforman, por esta razón apoyamos con firme determinación esta moción”.

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