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miércoles, 18 de junio de 2025

La UCO en casa de Ábalos descubre a sus "putillas"

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 El pasado 10 de junio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió en el domicilio del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en Valencia, en el marco de la investigación del caso Koldo. 


Lo que comenzó como un registro rutinario ordenado por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, pronto tomó un giro inesperado y escandaloso: los agentes sorprendieron a una mujer, identificada como Anaís D. G., intentando ocultar un disco duro externo en su pantalón mientras alegaba que iba a pasear al perro. Este episodio, lejos de ser un hecho aislado, refuerza la percepción de que Ábalos tiene un problema recurrente con la prostitución, un patrón que parece acompañarlo sin remedio.


El operativo comenzó a las 7:00 de la mañana, aunque las diligencias se iniciaron formalmente a las 8:50. Según el acta de la UCO, Ábalos no estaba solo en su vivienda de la Avenida de la Constitución. Lo acompañaba Anaís D. G., una joven de 32 años que se presenta en internet como modelo y publica contenido de carácter erótico. Durante el registro, Ábalos insistió en que la mujer debía salir a pasear al perro, una excusa que levantó sospechas entre los agentes. 


Uno de ellos observó que el exministro le indicaba a Anaís que cogiera «algo de desayuno», tras lo cual ella se dirigió a una habitación. Antes de abandonar el domicilio, un guardia civil notó un bulto sospechoso en su pantalón. Tras un cacheo, se descubrió un disco duro externo de color azul, marca WD-MY Passport, que fue confiscado y precintado como evidencia.



El intento de ocultar el dispositivo no fue un hecho menor. Según juristas consultados, la acción de Anaís podría constituir un delito de encubrimiento de pruebas, penado con entre seis meses y tres años de prisión. Este episodio contradice las declaraciones públicas de Ábalos, quien tras el registro aseguró haber colaborado plenamente con los agentes, destacando su «buen trato y profesionalidad». Sin embargo, sus recursos legales ante el Supremo, donde acusa a los investigadores de realizar una pesquisa prospectiva, revelan una postura menos conciliadora.


Durante las casi diez horas de registro, los agentes incautaron 34 dispositivos electrónicos, entre ellos un iPhone 11 Pro negro, un iPhone S gris, cuatro discos duros externos, 20 memorias USB, una tarjeta SD, una tarjeta SIM y un iPad. También se llevaron cinco conjuntos documentales, incluyendo cuadernos, uno de ellos con la inscripción de Mafex, la Asociación de la Industria Ferroviaria Española. En el despacho de Ábalos, los agentes encontraron una cuenta de correo abierta, cuya contraseña fue modificada y asegurada con doble autenticación por los investigadores.


El episodio del disco duro no es el único que ha puesto a Ábalos en el centro de la controversia por su relación con mujeres vinculadas al mundo de la prostitución. Informes previos sugieren que el exministro tenía un historial de contacto con trabajadoras sexuales, un comportamiento que parece ser un patrón persistente. Según fuentes periodísticas, Anaís D. G. afirmó ser solo una «amiga» que limpiaba la casa y sacaba al perro, pero su intento de ocultar un disco duro sugiere una implicación más profunda.


Además, un post en X del 20 de febrero de 2025, afirmó que la «novia» de Ábalos era en realidad una prostituta que recibía dinero público a través de empleos ficticios en empresas dependientes del Ministerio de Transportes. Aunque esta información no está verificada y debe tratarse con cautela, refuerza la narrativa de que Ábalos tiene un problema estructural con la prostitución, un vicio que parece no poder controlar y que lo ha acompañado a lo largo de su carrera política. Este patrón, combinado con las acusaciones de corrupción, dibuja un retrato de un político atrapado en una red de excesos y malas decisiones. 

Fuente de Info: eldiestro.info

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miércoles, 9 de marzo de 2022

Ocultismo: El TS anula la elección de los tres comisarios "a dedo" de la Policía Local en la capital

 El Tribunal Supremo anuló el proceso selectivo de 2013 por el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria nombró a tres comisarios "a dedo" de la Policía Local a los entonces subcomisarios; Delia Martín, actual jefa de la Policía Local; Rosa Rodríguez, jefa del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento; y José Luis de los Reyes, comisario de la escala superior de la Unidad de Recursos Operativos (URO) del Cuerpo General de la Policía Canaria.

Los tres comisarios posan junto al alcalde y la entonces concejala de Seguridad en 2015.

El Alto Tribunal considera que las bases específicas por las que se rigió el Consistorio capitalino para nombrar a los tres comisarios, ya en 2015, carecen de validez porque la ley requiere la existencia previa de una oferta de empleo público, en otras palabras para que todo el mundo lo entienda,  se designaron a dedo sin ofertar las plazas.


«En el ámbito de la función pública de Canarias, la oferta de empleo público debe incluir las plazas que deben ofertarse para su cobertura por promoción interna», recoge la sentencia.


El Alto Tribunal no pone en cuestión que las tres plazas de comisario puedan ser ocupadas por promoción interna, pero aclara que antes debían incluirse en una oferta de empleo público.


La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo admitió el recurso de casación presentado por el jefe de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, Isidro Armas, contra dos resoluciones emitidas por el Ayuntamiento: la primera, de 2013, por la que se aprobaron las bases del proceso selectivo de los tres comisarios por promoción interna; y la segunda, de 2015, por la que Recursos Humanos no admitió a trámite el recurso de Armas.


También deroga las sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de la capital y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que habían ratificado la legalidad de la selección de los tres comisarios.


El fallo del Tribunal Supremo podría obligar al Ayuntamiento a retrotraerse al momento previo a la convocatoria y a realizar, una oferta pública de empleo en la que se incluyan las bases para la elección de los comisarios.


Armas pretendía que las tres plazas de comisario fueran convocadas mediante un sistema selectivo de concurso-oposición u oposición y de las tres, al menos dos lo fueran por turno libre y la otra quedara reservada para promoción interna.


Todavía no se conoce el alcance de la aplicación de la sentencia y si ésta puede afectar a los nombramientos posteriores de los comisarios en la Policía Local, en la Canaria y en Bomberos.

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