Se calcula que en todo el mundo, cada año, se producen 73 millones de asesinatos mediante el aborto. Seis de cada diez embarazos no deseados acaban en aborto.
Canarias es la séptima comunidad autónoma donde más abortos se practican.
Es una tendencia ascendente que se mantiene tras una bajada en 2020 (primer año de la pandemia) y que, en cifras relativas (12,22 abortos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años), se sitúa muy cerca del máximo histórico, en 2011 (12,47).
A petición de la mujer se produjeron un total de 103.097 IVE; por grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, 3.294; por riesgo de graves anomalías en el feto, 2.688: y por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable, un total de 263. Si hacemos la resta; el restante 96.852 abortos, son asesinatos de bebes por no utilizar precauciones; ni condones ni ningún otro método anticonceptivo en el acto sexual.
El año 2023, al que corresponde el informe, fue el primero en el que estuvo en vigor la nueva ley del aborto (desde el 2 de marzo), que incluía, entre otras, dos grandes modificaciones: la potestad de las adolescentes desde 16 años de interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus padres o representantes legales y la obligación de las administraciones públicas de garantizar la prestación en los centros hospitalarios,es decir, que a sanidad pública que pagamos todos se utilice para estos abortos de acuerdo con criterios de gratuidad, accesibilidad y proximidad, para lo que debían establecer los dispositivos y recursos humanos suficientes para la garantía del derecho en todo el territorio con equidad.
Con respecto a la edad: la subida de las interrupciones ha sido generalizada en todas las franjas. Si se atiende a la tasa, el mayor crecimiento se produjo entre las de 20 a 24 años (10,7%), seguidas de las menores de 20 (7%), entre las que están las adolescentes que ahora no tienen que rendir cuentas a sus familias. Sin embargo, en 2014, 2015 y 2019 la tasa de IVE fue mayor en estas edades.
Si se analiza la titularidad de los centros, las Interrupciones Voluntarias de Emabarazo realizadas en centros públicos aumentó en porcentaje con respecto al informe anterior: del 17% al 19,5%. Los que se realizan en hospitales están equilibrados (8.301 en públicos y 8.644 en privados) y la gran diferencia se producen en los abortos extrahospitalarios, que son la gran mayoría: 10.924 en públicos y 75.328 en privados.
Esto es fruto de que este sistema antinatura, donde solamente cinco comunidades autónomas (La Rioja, Murcia, Cantabria, Cataluña y Canarias) tienen en marcha el registro de objetores de conciencia, una herramienta exigida por la nueva ley imprescindible para poder organizar al personal y garantizar la posibilidad de practicar interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos.
Las diferencias territoriales son notables. Cataluña es la comunidad con mayor tasa (14,92), seguida por la Comunidad de Madrid (13,92). A la cola están Galicia (con 7,3 IVE por cada 1.000 mujeres en edad fértil, menos de la mitad que Cataluña) y Extremadura (7,6). Canarias es la séptima comunidad con 11,9 asesinatos por cada 1000 mujeres.
Aunque el método quirúrgico es mayoritario (un 69,77% de las intervenciones), aunque el farmacológico se impone en algunas comunidades como Cantabria (96,50%), Navarra (76%), Baleares (74%) La Rioja (68%), Galicia (59,6%) y Cataluña (55,74%).
En líneas generales, coincide que son las comunidades que más IVE practican en centros públicos, lo que indica una tendencia de estos hacia el uso del método farmacológico.
Menos métodos anticonceptivos
El informe de Sanidad revela una ligera subida entre las mujeres que abortaron y no usaban un método anticonceptivo (del 44% al 46,5%) lo que puede ser también parte de la explicación del aumento de los IVE en España, según explica Abel Renuncio, presidente de la Sociedad Española de Contracepción.
Pese a que su último informe muestra que el uso de los métodos anticonceptivos está en máximos desde que empezaron a hacerlos en 2014 (un 78,5% de las mujeres emplea alguno), la utilización del preservativo, el más habitual (36,5%), tiene algunas tendencias preocupantes. “Cada vez son más las personas que no lo usan de forma consistente, es decir, en todas las relaciones: solo lo hace un 61%, una cifra que viene cayendo desde 2020. Otro problema es la utilización inadecuada: un 30% no lo emplea durante toda la relación, solo lo hace al final, cuando va a llegar la eyaculación”, explica Renuncio.
En su opinión, siempre hay una relación, aunque sea indirecta, entre IVE y anticoncepción, y cree que todos estos datos muestran carencias en la educación sexual y sexoafectiva. “Mucho no usó, mal uso o falsos mitos, o tienen detrás carencias importantes. Vamos que la sociedad española que no usan métodos anticonceptivos son subnormales y claro, supone un gasto importante para nuestra sanidad pública realizar estas intervenciones gratuitas.
Francisca García coincide con este análisis y cree que se están incumpliendo los preceptos tanto de las leyes de 2010 como su modificación en 2023: “Las conductas tendrían que ir cambiándose a medida que mejor acceso en anticoncepción y que se aplique la ley en materia de educación sexual en los colegios e institutos, algo que no está haciendo ninguna comunidad autónoma”.
